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Una juez permite a Fomento la ocupación de la mina de Serrabal

El juzgado pide que se le notifiquen posibles resistencias a la entrada

El Estado, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), ya tiene el respaldo judicial para entrar en la mina de Serrabal, la concesión del grupo empresarial Villar Mir que bloquea desde hace más de año y medio la construcción del tramo del AVE Santiago-Ourense. Y es voluntad del Gobierno central ejecutar cuanto antes la reciente resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago que le autoriza, por considerarla "una medida adecuada y proporcionada", a entrar en las fincas expropiadas para la construcción del tramo de alta velocidad, a su paso por Boqueixón y Vedra, cerca de Santiago. La línea ferroviaria atraviesa una parte del yacimiento, valioso por incluir un cuarzo idóneo para la energía solar que casi no se encuentra en el resto de Europa.

La mina de Serrabal amenaza con volver a ser un campo de batalla como ocurrió en junio pasado cuando los trabajadores, en pie de guerra junto a la empresa contra el actual trazado del AVE, impidieron la entrada de los antidisturbios y de los operarios de Adif. El dueño de la mina aún tiene hasta el próximo día 18 para presentar un recurso contra este último fallo judicial, que también insta a la Administración a informar al juzgado de cualquier incidencia que ocurra cuando lleve a cabo esa actuación. Esta disposición de la magistrada que firma la resolución permitirá exigir de inmediato responsabilidades penales a la empresa o su plantilla si impiden a Adif acceder a Serrabal.

Fue la propia Ramsa, la empresa a la que corresponde la explotación de la mina, la que exigió en junio del Gobierno que pidiese autorización judicial para entrar a las fincas expropiadas por vía forzosa en marzo de 2007. El dueño de la mina alegó ante el juzgado que supondría una indefensión jurídica permitir ejecutar esas expropiaciones que él considera irregulares mientras no se resuelvan las tres causas pendientes, una en el Tribunal Supremo y dos en juzgados de lo contencioso. Pero la jueza de Santiago rechaza de plano este argumento dado que la empresa no pidió la suspensión cautelar de esas expropiaciones. "No se puede amparar a quien no solicita la suspensión con la celeridad que exigen las circunstancias", advierte la juez. Y destaca, "por resultar cuando menos curioso" que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya desestimó en noviembre de 2007 la petición de Ramsa para que se suspendiese de forma cautelar "cualquier actuación expropiatoria".

Incluso el alto tribunal gallego recordó esta circunstancia a la empresa en su sentencia de hace apenas 15 días por la que rechazó el recurso contra el levantamiento de las actas previas de ocupación de las fincas. La jueza de Santiago advierte que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no le corresponde decidir sobre la legalidad del acto administrativo -la expropiación de las fincas- sino sólo autorizar a la Administración a ejecutarlo. Y tampoco se tiene en cuenta el argumento de la empresa sobre supuestos perjuicios económicos de sus derechos mineros, que en todo caso, dice la jueza, deberán resolverse en un juicio aparte.

El conflicto con el grupo Villar Mir ha provocado ya más de año y medio de retraso en las obras de la línea del AVE Santiago-Ourense. A su paso por Boqueixón y Vedra, el tramo ferroviario afecta entre un 10 y un 12% de la mina, unos cinco millones de toneladas de reservas minerales de las cuales sólo 1,4 millones son del preciado cuarzo solar, según Fomento. Pendiente también sigue la prórroga de la concesión de este yacimiento al grupo de Villar Mir.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de julio de 2008