Los municipios con embalses pierden el 50% de la recaudación

La provincia de Ourense, una de las principales productoras de energía eléctrica de España, reducirá considerablemente este año los ingresos que recibe de las empresas. Las nuevas normas de valoración catastral -aprobadas en Real Decreto de noviembre de 2007- que fijan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de características especiales, afecta negativamente a los municipios con presas de más de 30 años. Es el caso de ocho embalses orensanos asentados en 24 municipios. Los más afectados verán reducidos a la mitad sus ingresos y sus presupuestos para este año quedan en el aire.

Catastro fija el valor de estos inmuebles especiales, y el Real Decreto "ha cerrado las puertas a los ayuntamientos para impugnar los trámites de la valoración", sostiene el senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza, que ha registrado una moción en la Cámara Alta pidiendo la modificación de la norma. A la reducción de la valoración catastral (lo que las empresas pagan por extensión que ocupan, potencia y canalizaciones) se añaden nuevas pérdidas para los municipios: los índices correctores castigan la antigüedad. Cuanto más viejos son los embalses, menos impuestos pagan las productoras a los ayuntamientos.

Uno de los municipios más perjudicados es el de Castrelo de Miño. La presa cubrió parte de las tierras más fértiles de O Ribeiro y su construcción, en los años 60, y provocó fuerte contestación popular. Hasta ahora, el municipio, con un millar de habitantes y un presupuesto de un millón de euros, ha tenido una principal fuente de ingresos en el impuesto que pagaba la hidroeléctrica. Este año, la rentabilidad hace aguas. Los 240.000 euros anuales que estaba recibiendo de Fenosa quedarán reducidos a 40.000, según estimaciones del propio ayuntamiento. El valor catastral del embalse (que también ocupa terrenos de Cenlle, Ourense, Punxín, Ribadavia y Toén) ha caído en picado: de 16,1 millones en que estaba fijado en 2007 apenas supera los 9,3 con la revisión.

La valoración del embalse de As Conchas pasa de 9,5 millones a 7,1; la de la presa de Bao, Cea y Mourela cae de 55,4 millones a 30,1. El embalse de Velle ve disminuida la tasación en dos millones de euros (de 7,6 a 5,6). La de Cachamuíña se reduce a la mitad (de 616.000 a 370.000 euros) y el embalse de A Frieira pierde 200.000 euros de su valor.

En la moción de Pérez Bouza se reclama también la modificación del Real Decreto en lo que respecta a la cotización de las empresas eólicas. El Tribunal Supremo estimó el contencioso interpuesto por la Federación Galega de Municipios y Provincias y avaló la tesis de los ayuntamientos de que los parques eólicos debían ser considerados bienes especiales y cotizar el IBI, "pero el reglamento no lo incluye". El Ministerio de Economía confirmó ayer que la Dirección General de Catastro acabará entre finales de julio y septiembre la ponencia de valores de los parques eólicos en la que se estipulará su cotización como bienes especiales, informa José Precedo.