El informe del presidente

Saludable tradición la iniciada el pasado año y mantenida éste, con la publicación del Informe Económico del Presidente del Gobierno. En primer lugar, porque constituye un ejercicio de transparencia: una base más sobre la que articular el debate económico en el país; no menos importante, puede ser un exponente del compromiso del presidente con la política económica. Esto último es particularmente significativo en momentos como los actuales, en los que la economía española inicia una muy complicada fase, de intensa contracción en su crecimiento económico y del empleo, que no facilitará precisamente la esperada transición a un patrón de crecimiento más intensivo en ventajas competitivas propias de las economías avanzadas.

"Inspiró su creación, pero la Oficina Económica del Presidente español no es el CAE de Estados Unidos"

Poco importa que no sea una idea original. La referencia más relevante al respecto es el correspondiente informe elaborado desde 1950 por el presidente del Consejo de Asesores Económicos (CAE) del presidente de Estados Unidos. Fue en 1946 cuando la Administración de Truman decidió incorporar esa institución en el Gobierno, influido, tal como recuerda ese presidente en sus memorias, por esas dos motivaciones que inspiraron la legislación sobre el empleo en el otoño de 1945: el temor a la depresión y el convencimiento de que el Gobierno debía jugar un papel activo en la dinamización de la economía. El predicamento que ese consejo ha conseguido desde entonces no deriva sólo de la muy respetable cualificación técnica de los miembros que lo han integrado, sino de la manifiesta objetividad que, en general, se refleja en sus diversos informes, incluido el anual (http://www.whitehouse.gov/cea/2008_erp.pdf ).

Aunque inspirara su creación, la Oficina Económica del Presidente (OEP) española no es el CAE de EE UU. Comparten, sin embargo, algunas funciones: asistir al presidente mediante la generación de análisis sobre la situación económica nacional e internacional a corto, medio y largo plazo, y evaluar las propuestas de política económica, así como su posterior desarrollo. La experiencia de EE UU nos dice que la eficacia en la satisfacción de esas funciones depende estrechamente del respeto a la institución, dentro y fuera de las instancias gubernamentales, y éste de la concreción, calidad y objetividad de sus trabajos.

El hecho de que el presidente del Gobierno español anunciara en la presentación del último informe un amplio conjunto de medidas de política económica, no incorporadas en el informe, ha podido desplazar la atención de su contenido. De sus cinco capítulos, únicamente el prólogo y parte del primero, centrados en la evolución reciente y en la definición de perspectivas, han quedado superados por una realidad y unas expectativas que día tras día se revelan mucho más adversas que lo que esa parte del informe describe. Los asuntos abordados en el resto del primer capítulo (la visión estructural del crecimiento y de la inflación española y las consideraciones sobre el potencial de crecimiento) y los otros cuatro son oportunos y están tratados con rigor. Son del todo consistentes con ese objetivo no por largamente reclamado menos vigente de propiciar el cambio en el patrón de crecimiento de la economía española, hacia uno más equilibrado en su composición, más sostenible en el tiempo y basado en la economía del conocimiento.

Un propósito urgente, ya que como el propio informe admite, se han agotado los elementos fundamentales que han impulsado el excepcional crecimiento de los últimos años. Lo han hecho los estímulos de diversa naturaleza derivados de la integración europea y lo están haciendo la utilización masiva y barata de capital y de trabajo de los últimos años. En consecuencia, la única forma de seguir aumentando la renta per cápita es hacerlo con la productividad del trabajo, la principal responsable de esa todavía significativa divergencia real con las economías de la eurozona. Ello requiere, en primer lugar, una mayor intensidad de capital, no sólo físico, donde los avances han sido importantes; en segundo, un mejor comportamiento en la productividad total de los factores, ese residuo en el que se agrupan elementos no poco importantes, desde la calidad de las instituciones, o la adecuación del sistema financiero, hasta la propensión innovadora y emprendedora.

En esa dirección de aumento del capital por trabajador o por hora de trabajo, la inversión en capital humano y tecnológico es crucial. Dos aspectos esenciales al respecto son el sistema de formación profesional (FP) y la inversión empresarial en Investigación y Desarrollo (I+D). Las insuficiencias en ambos, cuando se contrasta con el resto de la UE y de la OCDE, son destacadas: en España sólo un 28% de los jóvenes son graduados en FP, frente al 45% de la UE; los menores salarios frente a otros tipos de formación equivalente son una de las causas de esa diferencia. Junto a ello, las disparidades regionales que se observan en España son atribuibles en gran medida, según el informe, a las diferencias en la oferta educativa y en tasa de desempleo. Las reformas propuestas están en la dirección correcta: tratar de involucrar mucho más a las empresas en la definición del modelo de FP y en el propio proceso educativo, con el fin de garantizar la necesaria adecuación a las exigencias de los tejidos productivos. Y en esto, la ampliación del tiempo de formación en la empresa es esencial.

Pertinentes son también las consideraciones en torno a la manifiesta asimetría entre esfuerzo público y privado en la asignación de recursos a I+D+i. La inversión pública española en ese concepto es hoy de las más elevadas de la UE, así como la cuantía de las ayudas en concepto de subvenciones y deducciones fiscales; resultan insuficientes, en todo caso, para que el gasto total en España, del 1,20% en 2006, alcance la media comunitaria, a pesar del crecimiento débil del europeo en los últimos años. La estructura tecnológica de nuestro tejido productivo ayuda a entender ese reducido esfuerzo inversor privado (la I+D ejecutada por las empresas fue del 0,67% del PIB, frente al 1,10% en la UE27 en 2006), pero en última instancia la razón más importante que ayuda a explicar esa diferencia no hay que localizarla en los servicios, sino en la baja intensidad inversora de las grandes empresas industriales de tecnología alta y medio-alta.

Complementarias con esas necesidades de mayor esfuerzo tecnológico son las exigencias de sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, abordados en otro de los capítulos. La pretensión de compatibilidad también emerge en el capítulo final, que analiza el papel que han de jugar las políticas sociales y asistenciales en ese cambio de modelo económico que preside el conjunto del informe. Se nos recuerda que el gasto social por habitante se encuentra en España un 34% por debajo del promedio de los 18 países europeos más prósperos, un conjunto en el que es suficientemente explícita la positiva correlación que existe entre el gasto social per cápita y el nivel de renta.

Modernización, bases más competitivas en las que asentar el crecimiento de la renta per cápita, y mejor distribución siguen siendo las principales asignaturas pendientes de la economía española. Los diagnósticos de las áreas de que se ocupa el informe fundamentan las políticas sugeridas que, en todo caso, deberían ser objeto de amplia discusión, dentro y fuera del Parlamento, y de evaluación de su aplicación en las ediciones futuras del informe. Claro que hay ámbitos relevantes no abordados, que hay que confiar lo sean en próximas ediciones, pero los incluidos en ésta merecen una atenta lectura y su empleo como referencias básicas de las decisiones que ha de impulsar el propio presidente del Gobierno. Estas mejoras de la capacidad competitiva de la economía no son precisamente incompatibles con las mucho más urgentes tendentes a minimizar el impacto de esas dos crisis internacionales, la de crédito y la de materias primas, que constituyen la más seria amenaza de las últimas décadas al bienestar de los españoles. -