En libertad las dos empresarias acusadas de pagar 6.000 euros a ETA voluntariamente

La Audiencia Nacional dejó ayer en libertad tras pagar una fianza de 20.000 euros a las hermanas Blanca y María Isabel Bruño Azpiroz, que estaban encarceladas desde el pasado 12 junio acusadas de "pagar voluntariamente" a ETA 6.000 euros en concepto de impuesto revolucionario.

El juez Baltasar Garzón, encargado de la investigación del chantaje terrorista, ha ordenado además que ambas empresarias comparezcan semanalmente ante el juzgado y les prohíbe abandonar España sin autorización. Ambas hermanas, vinculadas con la empresa Andrés Bruño e Hijos, dedicada a la comercialización de mariscos, fueron arrestadas el 11 de junio en base a la documentación intervenida a Francisco Javier López Peña, Thierry, uno de los jefes de ETA arrestado en Burdeos el 20 de mayo. Ambas negaron al juez haber pagado dinero a ETA voluntariamente.

Garzón modificó su situación tras conocer el estado de las investigaciones, que esta semana han conducido a la detención y posterior interrogatorio del consejero delegado de la siderúrgica vasca Sidenor, José Antonio Jainaga, y del ex gerente de Marcial Ucín Jesús Guibert, de 81 años. Según la documentación incautada en la operación de Burdeos, Sidenor o Jainaga podrían haber pagado "90.000 euros" a ETA. Es lo que investiga la Guardia Civil.

En un comunicado difundido ayer, Jainaga apuntó que "en su declaración del 1 de julio dejó claramente establecido que en ningún momento ha realizado ningún pago a ETA". El consejero delegado de Sidenor denigró las "formas utilizadas" en la investigación, "más propias del trato que se debería dar a los delincuentes" y deplora el "daño sufrido por su imagen" y la de su empresa por la publicidad dada a la investigación. Esta preocupación fue trasladada tras los arrestos de ambos empresarios por el presidente del Círculo de Empresarios Vascos, Álvaro Videgain, al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Fuentes conocedoras de la conversación dijeron que el ministro tranquilizó a su interlocutor y negó que existiera una "campaña" contra los empresarios. El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, reconoció ayer en Santander que las personas extorsionadas "tienen que ser objeto de un tratamiento jurídico específico", porque "son también víctimas de los terroristas".