El Gobierno catalán incumple la limitación del número de asesores

La limitación en el número de asesores que el Gobierno catalán anunció a bombo y platillo a comienzos de la legislatura ha sido burlada apenas año y medio después de entrar en vigor. Un total de 228 asesores eventuales trabajan en la Generalitat, 10 más de los que el Gobierno se impuso como límite y uno más de los que había en la última etapa de CiU en la Generalitat. Así lo reconoció ayer el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, quien, pese a todo, defendió la actual estructura de altos cargos por la "transparencia" existente a la hora de nombrarlos.

CiU, que ocultó los asesores de Pujol, dice que el Gobierno es "irresponsable"

Ausàs tuvo que defender la política de contratación de asesores precisamente ante Convergència i Unió, la federación que en tiempos de Jordi Pujol se resistió lo indecible antes de publicar el nombre y los sueldos de sus más de 200 asesores. Cuando esta lista se acabó publicando, por la insistencia del republicano Joan Ridao, la polémica se desbordó al conocerse que Jordi Pujol pagaba sueldos de más de 36.000 euros a asesores como Núria Feliu, cantante melódica que asesoraba al presidente en materia de cultura popular.

Pero CiU parece haber olvidado aquellos tiempos y ayer se lanzó a hacer oposición con este asunto en el Parlament. La diputada nacionalista Pilar Pifarré acusó al Gobierno de estar haciendo una política de personal "inoportuna e irresponsable". "Usteden rompen las normas", dijo la diputada. Pifarré criticó también la política de blindajes de determinados altos directivos de las empresas públicas. La respuesta del consejero fue tajante: "Le recuerdo que determinados altos cargos de los gobiernos de CiU se encuentran ante los tribunales". Ausàs se refería a casos como el del ex presidente de Ferrocarrils de la Generalitat Antoni Herce, cuyo contrato tenía un blindaje de 360.000 euros y acabó en los juzgados. Ausàs también aseguró que el tope de 218 asesores que el Gobierno se fijó el año pasado ha sido rebasado por la presencia de algunos expertos que tienen contrato temporal. "Eso encaja perfectamente en las limitaciones que nos impusimos", afirmó.

En lo referente a los blindajes, el consejero garantizó que en ningún caso se está optando por los contratos "blindados" y descartó que pueda aplicarse este concepto en el caso de los contratos de los altos directivos de las empresas públicas cuya indemnización en caso de cese o despido se eleva de las seis mensualidades actuales a un máximo de 12.

Aimismo aseguró que el Gobierno catalán estudiará caso por caso y que esta mejora contractual no afectará a todos los cargos de alta dirección de las empresas autonómicas, sino que se aplicará en casos muy concretos en los que se cumplan varios requisitos. Entre ellos, que el puesto que ocupen requiera una especialización, lo que implica incompatibilidades en el futuro.