Los jueces descargan en la policía el deber de proteger a Gabriela

Gabriela Toledo murió a pesar de que los tribunales habían adoptado medidas cautelares para su protección permanente desde 2006 hasta que finalizara la causa que se seguía contra su ex novio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recordó ayer que "la protección de las víctimas de malos tratos corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y que son ellos los únicos encargados de velar por el cumplimiento efectivo de las órdenes de alejamiento cuando tienen constancia, como en este caso, de que han sido desobedecidas por el agresor".

Por esa razón, los jueces que participaron en este caso han dado por hecho que durante todo este tiempo, los agentes de seguridad del Estado hacían su trabajo, es decir, impedían que el agresor se acercara a su víctima. Sin embargo, la familia ha declarado que la acosaba en casa y en el trabajo, en todo momento. Y la propia Gabriela fue a denunciar dos veces a la Guardia Civil en las 48 horas previas a su muerte, las amenazas y acoso de su ex novio, un hombre que la obligó a cambiar varias veces la cerradura de su casa porque le robaba el bolso y le quitaba las llaves, se acostaba con ella con la amenaza de un cuchillo bajo la almohada, dejaba pintadas en las paredes...

Las órdenes de protección dictadas en 2006 se comunicaron a los agentes, que también pueden comprobar el caso de la víctima que denuncia con sólo echar un vistazo en el Registro de Víctimas de Violencia Doméstica, al que tienen acceso.

El Ministerio de Interior no da explicaciones sobre la actuación de los agentes de seguridad, amparándose en el secreto sumarial del caso.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Montserrat Comas, declaró ayer que no encuentra "desidia judicial en este caso, máxime teniendo en cuenta que había medidas cautelares".