Un acuerdo 'in extremis' salva los puntos de encuentro para hijos de separados

Los dos puntos de encuentro para hijos de padres separados de San Sebastián e Irún, los primeros que se abrieron en el País Vasco, se han salvado del cierre en el último momento. El de Irún incluso llegó a echar el cierre ayer, pero una oferta del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales a última hora de la tarde garantizando la viabilidad económica para lo que queda del año hará que se reabra.

El punto de encuentro de San Sebastián, a su vez, tenía previsto cerrar mañana.

"La financiación ha sido siempre precaria e irregular", critica Kidetza

La falta de ayuda pública había llevado a los responsables de estos centros a una decisión tan drástica debido al "desamparo" que sufren por parte de la Administración. La primera consecuencia del cierre hubiera sido la complicada situación en la que quedarían las más de 260 familias que utilizan estos dos pisos.

Los puntos de encuentro son el último eslabón de un proceso de divorcio o de separación. El juez dicta sentencia y decide el régimen de visitas a los hijos para los padres que no ejercen la custodia. Y el punto de encuentro es el lugar neutral donde se realizan esas visitas, tuteladas por profesionales, o donde uno de los progenitores deja al hijo para que lo recoja el otro. En la comunidad autónoma vasca, estos pisos surgieron en el año 2001 por un impulso social de la Federación de Padres y Madres Separados de Euskadi-Kidetza, que comprobó cómo el régimen de visitas impuesto por el juez se incumplía y no había ninguna fórmula de garantizar que el menor se relacionara con los padres no custodios.

En Vizcaya y en Álava, las respectivas diputaciones y los ayuntamientos de Portugalete y Vitoria han sacado a concurso la gestión de estos puntos de encuentro. Así, se garantiza la estabilidad económica de la asociación que se encarga de ellos, mientras en Guipúzcoa no existe ningún convenio. Los ayuntamientos de San Sebastián y el de Irún cedieron los locales y aportaron una cantidad económica para el funcionamiento.

Justo Sáez, coordinador de Kidetza, resalta que el problema estriba en que "la financiación ha sido siempre precaria e irregular. Tan pronto financiaban unos como otros y después se inhibían. Y siempre con cantidades bajas, vía solicitud de subvenciones, nunca por medio de un convenio". El problema, añade, es competencial. "Nadie se ha querido hacer cargo al no existir una regulación legal". Precisamente, el Gobierno vasco aprobó ayer un decreto para regular los puntos de encuentro, que detallará en los próximos días. "A nosotros lo único que nos resuelve en estos momentos la situación es una inyección económica", señala Sáez.

La atención que se da en los puntos de encuentro ha crecido mucho debido a que cada vez hay más divorcios y separaciones, pero ni las instalaciones se han ampliado ni el personal cobra un sueldo en condiciones. Se trata de licenciados y expertos que ganan cinco euros a la hora. En los dos centros trabajan en total 12 psicólogos, mediadores y educadores sociales.

Sara Gil es una de las cuatro mediadoras familiares que trabaja en el punto de encuentro de Irún, donde hasta ayer se atendía a 70 familias en un piso muy pequeño. "En las visitas supervisadas, va uno de los padres y se pasa la tarde allí con su hijo. La profesional observa e informa al juzgado. Nuestros informes influyen después en la decisión del juez y muchas veces recibimos amenazas", señala. A nivel económico, "casi estamos en régimen de voluntariado", critica. "El centro se encuentra saturadísimo, cobramos un sueldo irrisorio y tenemos un gran nivel de responsabilidad porque nuestros informes ayudan a determinar el régimen de visitas".

Xabier Muñox, el coordinador de los dos puntos de encuentro de Guipúzcoa, considera que este tipo de centros se han asentado en el territorio, a pesar de la escasa ayuda institucional. "Son el referente para los juzgados de familia, instrucción y violencia de género, que remiten los casos que les llegan". Sin estos pisos, se podría producir un colapso de los juzgados porque acudirían los padres en masa para ver cómo y dónde se materializan las sentencias.

El PSE se ha hecho eco de esta situación y su parlamentaria Gemma Zabaleta ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento, instando al Gobierno a "asegurar el sostenimiento económico" por una cuestión de "interés general".