El Ayuntamiento paga tres millones por un aparcamiento que iba a ser gratuito

La falta de planificación y las prisas por acabar las obras antes de las pasadas elecciones le han supuesto al Ayuntamiento de Madrid pagar bastante más de tres millones de euros por un aparcamiento que en principio iba a salirle gratis.

La historia tiene su miga. Durante la pasada legislatura, la Concejalía de Seguridad y Transportes decidió construir un aparcamiento para residentes en la calle de Cándido Mateos, en el distrito de Fuencarral-El Pardo. La idea consistía en adjudicar la obra a una empresa, que se haría cargo de la inversión, a cambio de que ésta fuera la que luego comercializara las plazas de aparcamiento. Pero el proceso tuvo irregularidades desde el principio.

El 7 de julio de 2005, el Ayuntamiento adjudica a la unión temporal de empresas Grupo Dico Obras y Construcciones-Aglomerados Daimiel la construcción de un aparcamiento con 547 plazas por 3,9 millones de euros. La empresa asume la obra y comienza los trabajos tras el verano de 2005.

Pero año y medio más tarde, a seis meses de las elecciones municipales de mayo de 2007, la concejalía que dirige Pedro Calvo ordena modificar el proyecto porque se vincula la construcción del aparcamiento al túnel que se está construyendo entre la calle de Sor Ángela de la Cruz y la M-30. El Consistorio quiere que el estacionamiento vaya debajo de este túnel, por lo que se tiene que modificar el proyecto, y con él los plazos. La modificación supone un incremento del presupuesto de 3.382.408 euros. Un dinero que tiene que pagar el Consistorio, porque la modificación no aparecía en el proyecto firmado por las empresas cuando se les adjudicó la construcción del aparcamiento, y, por tanto, éstas no están obligadas a asumir el gasto extra.

Y hay que hacerlo rápido. El túnel y, por tanto, el aparcamiento tienen que estar terminados el 14 de abril, un mes antes de los comicios. Y ya se sabe lo bien que lucen las inauguraciones en época electoral.

El director general de Movilidad del Ayuntamiento, Fernando Autrán, explica que hubo que cambiar el diseño del aparcamiento. "Se estaba haciendo con la técnica habitual a cielo abierto. Pero el nuevo subterráneo obligó a cambiar el proyecto y hubo que hacerlo en mina [como un túnel]", explica Autrán, que reconoce el hecho: "Al modificar el proyecto, tuvimos que asumir el nuevo coste".

El concejal de IU responsable de Obras e Infraestructuras, Daniel Álvarez, califica el asunto como "una chapuza del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que sale muy cara a los madrileños". Y agrega: "Es un ejercicio más del descontrol y la descoordinación de este Ayuntamiento y un ejemplo del interés que para este alcalde tienen las arcas municipales, que utiliza para su interés electoral".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid señalaba en mayo de 2007 que "el Ayuntamiento convocó el concurso en 2005 sin seguir todos los trámites administrativos". Y, según reconocen los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento, "la urgencia en la realización de estas obras impidió el cumplimiento jurídico-administrativo correspondiente". Así lo reconoce también el Tribunal Superior, que establece en una sentencia, motivada por una denuncia del Grupo Socialista, que "la contratación fue aprobada y el anuncio de licitación publicado antes de que hubiera concluido el trámite de información pública".

Los responsables municipales no expusieron el concurso a información pública para ganar tiempo. Una chapuza administrativa que costó más de tres millones de euros.