Exigencias ciudadanas

La exigencia del padre de Mari Luz -la niña de cinco años asesinada presuntamente por un pederasta que se encontraba en libertad, pese a que desde hacía 17 meses estaba condenado por sentencia firme por abusar sexualmente de su hija menor-, interesando la expulsión de la carrera judicial del juez Tirado y advirtiendo de manifestaciones en caso contrario, descansa en el temor de que la falta de ejecución de esta sentencia se considere falta leve por parte de los servicios de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las noticias aparecidas en prensa, en las que se dice que la sanción que se puede imponer a este juez es de una multa de 3.000 a 6.000 euros, son las que han motivado esta exigencia.

No es la primera vez en democracia que se duda por los ciudadanos tanto de las actuaciones judiciales, entendidas como la forma de hacer cumplir la ley en un Estado de Derecho, como del sistema de control por parte del órgano de los jueces. Ejemplos hay algunos: la puesta en tela de juicio por parte de algunos políticos sobre la honestidad de jueces y fiscales con motivo del sumario del 11-M; la decisión de acordar la libertad del asesino De Juana Chaos y el tratamiento de su huelga de hambre; algunos errores por parte de algunos magistrados de la Audiencia Nacional dando lugar a puestas en libertad de terroristas; la politización del CGPJ o la negativa de su presidente de comparecer ante el Parlamento, que representa al pueblo español, pueden servir a estos efectos. Es una situación que parece reflejar que existe un velo de impunidad que cubre y hace imposible la exigencia de responsabilidad a jueces y magistrados por la realización de actos que, de darse en otros ámbitos de la Administración pública o en el ámbito privado, tendrían una respuesta distinta.

Es normal que, con independencia de las formas en que se realiza esta exigencia por parte de estos padres, existan estas manifestaciones. Unas manifestaciones que evidencian la desconfianza que, en general, tienen los ciudadanos ante su Administración de Justicia. No hay nada nuevo. Una falta de novedad que hay que asumir con realismo si se quiere abordar un problema que, lastrado de años, perjudica el sistema democrático. Más lastrado, si cabe, cuando las razones por las que el padre de la pequeña asesinada pone en duda la proporcionalidad de la sanción -si procede- porque dice que dos de los vocales inspectores del Consejo son compañeros del juez e integrantes de la misma asociación judicial que les propuso para sus cargos, y de la que el juez inspeccionado ostentó su presidencia para Andalucía.

No obstante, y pese a todas las dudas que pueda plantearse desde la visión más humana, entiendo que debe dejar que la comisión disciplinaria recorra su camino. No se ha reunido y no ha podido tomar su decisión. Una decisión que se ajustará a la realidad de lo sucedido. Es la forma natural de resolver. Además, en caso de desacuerdo, siempre cabe su revisión por vía de recurso. Claro que tampoco estaría nada mal que la decisión se adopte con la prontitud que exige un caso de esta gravedad. Si hay algo que caracterice la Justicia, que la haga eficaz y ejemplar es que sus decisiones sean adecuadas en el tiempo. En cualquier caso, y al margen de esta decisión, hay mucho que agradecer a estos padres que tanto han sufrido y sufren. Que Gobierno y oposición hayan decidido abordar determinadas reformas judiciales, como es la creación de un registro de pederastas al que los jueces tendrán acceso respecto de todos los condenados aunque no lo estén por sentencia firme; también la modificación de las leyes para el cumplimiento íntegro de las penas si no hay rehabilitación. Se aborda, por fin, uno de los problemas más graves de la sociedad. Confiemos en que los jueces sean conscientes de estas exigencias; también que aquellos queden sometidos a una inspección que, alejada de paternalismos y corporativismos añejos, corrija con rigor las irregularidades que puedan producirse en un sistema democrático cuya Administración de Justicia es un pilar básico.