Fraude millonario en la venta ambulante

Cinco empresas han servido durante algo más de dos años de instrumento para que vendedores ambulantes defraudaran a la Seguridad Social y al Inem 4,6 millones de euros. Las sociedades han sido utilizadas para, a cambio de una cantidad inicial de entre 130 y 150 euros y sucesivos pagos mensuales, conseguir licencias de venta ambulante y lograr el cobro de subsidios de desempleo.

Agentes de la policía nacional de la sección de investigación de la Seguridad Social, adscrita a la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, han desarticulado una trama en la que han participado 105 personas, dedicadas a la venta en mercadillos de la provincia de Valencia. Por el momento han sido detenidas 73 personas (cuatro cabecillas y 59 supuestos empleados en Valencia, otros siete en Castellón, dos en Alicante y uno en Madrid). De los cuatro cabecillas, tres pasaron ayer por la tarde a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia. Son los únicos, de todos los detenidos, que permanecen arrestados. El cuarto dirigente quedó en libertad por su precario estado de salud. Otras 32 personas están pendientes de ser detenidas. Todas son de etnia gitana.

La Seguridad Social alertó en enero de las irregularidades detectadas en cinco empresas que se trasvasaban trabajadores, que eran deudoras de las cuotas a pagar por cada empleado y que tenían al mismo administrador único. La policía inició una investigación y descubrió un entramado similar a otros desarticulados en Jaén y Murcia el pasado año. J. J. S., Requena, uno de los cabecillas, captaba a los vendedores ambulantes en los mercados. La venta ambulante requiere de una licencia que conceden los ayuntamientos y precisa de un alta en el régimen especial de la Seguridad Social, como autónomos. Pero, según fuentes de la investigación, se concede también si existe afiliación al Régimen General o si el solicitante es cooperativista.

Requena ofrecía por un pago inicial de entre 130 y 150 euros, más una cantidad mensual que no se ha podido precisar, el alta en una de las cinco empresas registradas legalmente con la construcción como objeto pero sin actividad alguna. Los interesados pagaban y figuraban datos de alta durante el tiempo mínimo, seis meses, que da opción a cobrar subsidio de desempleo. Las sociedades no pagaron nunca esas cotizaciones. Por tanto, se ha producido un fraude por el impago de las mismas y un cobro fraudulento de desempleo.