El ladrillo gana siempre

La huerta de Murcia es pasto de los pisos. Casas como la de Pedro y Violante, con limoneros, gallinas y conejos, están "llamadas a desaparecer", como afirma el Ayuntamiento de Murcia. Pedro y Violante, de 89 y 84 años, acaban de perder, tras meses de batalla judicial, el derecho a seguir en la vivienda que habitan desde 1946. La Sección Primera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha corregido al juez que les dio permiso a seguir allí porque en un piso -donde los realojaba el consistorio- peligraba su salud.

En noviembre pasado, Pedro Camacho explicaba en su casa cómo en 1973 fue operado en Barcelona. En un paseo por el hospital subió a un ascensor. "Estuve subiendo y bajando hasta que alguien me dijo cómo salir. No he vuelto a montar en uno". Siembre ha vivido en una casa baja en la huerta. Pero el ayuntamiento planeó a través de ésta una avenida de seis carriles vital para las miles de viviendas previstas en la zona.

El fallo corrige al juez que dictó que su salud peligraba si se iban a un piso

El 26 de abril de 2006, el ayuntamiento acordó expropiar los 232,05 metros cuadrados de la casa de Pedro y Violante. Fue tasada en 163.034 euros, con lo que debían pagar un alquiler durante 18 meses y con el resto podrían optar a un piso protegido.

El 10 de mayo de 2007, los técnicos les dieron cinco días para desalojar la casa. Comenzaban las obras. El 14 de septiembre, con el trámite de expropiación avanzado, su abogado, Eduardo Salazar, probó una maniobra a la desesperada: pidió parar la expropiación por motivos de salud. Aportó un informe médico sobre los octogenarios. Padecían una "sintomatología ansioso-depresiva: pensamientos recurrentes e intrusos sobre la expropiación, falta de apetito y alteraciones del sueño, oscilaciones anímicas, se muestran asustadizos, con sensación de irrealidad". Pedía que en vez de un piso, el ayuntamiento les diese "una casa parecida, humilde pero en la huerta". El juez, en una decisión sorprendente -por lo humana- les dio la razón el 2 de noviembre y paralizó el realojo. Desde entonces, su casa es una isla en un mar de grúas. El ayuntamiento recurrió al Tribunal Superior: "Se está condenando al ayuntamiento a buscar casa en la zona, cosa difícil puesto que es una zona de crecimiento de la ciudad, donde las viviendas de similares características están llamadas a desaparecer".

El tribunal, en una sentencia notificada el miércoles, ha dado la razón al consistorio. Aunque admite que "el abandono de su vivienda puede ocasionar perjuicios" a la pareja, señala que la "vivienda ha sido expropiada y necesariamente han de abandonarla". La sala pide que sean los familiares los que le busquen "una vivienda similar". "No parece que mantenerlos en una vivienda en una zona en obras contribuya a esa forma de vida que es conveniente a su edad y circunstancias". Además, destaca el "perjuicio al interés general" que están ocasionando Pedro y Violante.

Contra el fallo no cabe recurso y Pedro y Violante deben pagar las costas del procedimiento. Su familia explicó ayer que conseguir una casa similar costaría más dinero del que han recibido porque hay que comprar una taúlla de terreno. "Ellos están abatidos. Se sienten humillados. Pedro dice que parece que estamos en los tiempos de antes", explicó un familiar. El ladrillo ha vuelto a ganar.