Los obispos y la ciudadanía

La nota presentada por los obispos gallegos el pasado día 1 de junio trata, como ellos mismos señalan, de recordar la doctrina de la Conferencia Episcopal Española (CEE) contraria a la asignatura de Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos. Nada hay de nuevo en los ocho escuetos puntos de la nota. Teniendo en cuenta que estamos a un par de semanas del final del curso académico y que julio y agosto son períodos no lectivos en la educación no universitaria, ¿a qué viene esta nota que hasta directores de centros religiosos la han calificado de inoportuna y sin incidencia en sus centros? Probablemente haya que buscar la explicación en clave interna de los juegos políticos en la CEE, pago de favores, etc., y, en segundo lugar, al hecho de querer jugar este partido en campo autonómico, ya que algún obispo, como el de Lugo, Sr. Carrasco Rouco, sobrino del presidente de la CEE Sr. Rouco Varela, no lo ha jugado, al menos en dicha condición, en el ámbito de España.

Pero la nota suena a destiempo y a un ataque a la desesperada que, como tal, no tiene posibilidad alguna de seguimiento. Para comenzar solicitan, a estas alturas, nada menos que la retirada de la asignatura, que forma parte de la Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada democráticamente en el Parlamento de España hace más de dos años. Evidentemente, cualquiera puede pedir que se derogue lo que estime pertinente y en cualquier momento, pero lo que no se puede cuestionar es el propio estado de derecho y sus reglas, con arreglo a las cuales convivimos. Y los obispos con su posición están faltando al respeto a las leyes aprobadas democráticamente.

En segundo lugar, si lo anterior resulta imposible, lo que técnica y políticamente es evidente, los obispos gallegos derivan su apelación a las familias para que hagan objeción de conciencia a la asignatura. Lo que constituye una nueva muestra de deslealtad e irresponsabilidad porque la objeción de conciencia no está contemplada en la ley, tal como han sentenciado varios tribunales superiores de diferentes comunidades autónomas excepto una sala del tribunal superior de Andalucía. ¿Se imaginan ustedes que cada familia pudiese objetar, por razones de distinta índole, a la diversidad de contenidos que existen en el currículum escolar? El sistema educativo se volvería sencillamente ingobernable, corriendo un grave riesgo el derecho a la educación y a la igualdad de todos los ciudadanos ante la misma.

Pero, además, al pedirles a los padres que objeten "como un medio legítimo" están cometiendo dos faltas muy graves. Por un lado nos están invitando a cometer una ilegalidad, que puede traer serias consecuencias en el expediente académico de los estudiantes, y, en segundo lugar, pretenden engañarnos al otorgarle estatus de legitimidad a dicha desobediencia. ¿Quién concede dicha legitimidad? ¿Los obispos?

Sin embargo, su obsesión contra el Estado en esta materia, no es otra cosa que su lucha por el control ideológico de la educación y su oposición visceral al gobierno por las leyes de igualdad, de matrimonios homosexuales y una concepción libre y respetuosa de la sexualidad y la orientación sexual de cada persona. ¿Acaso las leyes citadas han provocado alarma social? ¿Han originado algún tipo de tensión entre la ciudadanía o en los centros educativos? ¿Han obligado a alguien a tomar decisiones contrarias a su voluntad? En absoluto. La gran mayoría de la sociedad las ha asumido como cotas de libertad que se han conquistado. Así que la CEE ha girado su vista a la educación y a las familias, para intentar recuperar su influencia ideológica.

Negar al Estado la capacidad y la obligación de educar en los valores democráticos, en los derechos humanos es una posición que no se sostiene ni histórica ni pedagógicamente. El Estado, a través del sistema educativo, educa como también lo hacen las familias, los medios de comunicación o el grupo de iguales. La clave es que todos lo hagamos en el respeto a los derechos humanos y en los principios democráticos de convivencia. Históricamente el sistema educativo siempre ha tenido entre sus funciones educar en determinados valores que han cambiado según la situación política dominante. Así, por ejemplo, durante el franquismo sólo estaba permitido educar en el nacionalcatolicismo, que parece que algunos obispos echan en falta. En los regímenes democráticos, todos los Estados del mundo educan en valores democráticos. Con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 la educación pasa a ser un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por los Estados otorgándole una finalidad muy concreta, la formación integral de la persona. Disposición que se recoge en el artículo 27.2 de la Constitución española de 1978.

Finalmente, no se puede contraponer, como se hace de forma torticera, la libertad de elección que tienen los padres para escoger o no enseñanza de la religión para sus hijos, con la formación cívico-democrática necesaria para el conjunto de los estudiantes, totalmente independiente de enfoques religiosos o partidistas, tal como recoge la nueva asignatura. Tampoco debemos confundir el adoctrinamiento, del que la iglesia católica posee una amplia experiencia, con la formación o educación. Lo primero implica imposición, acatamiento, sumisión, no discusión. La educación supone diálogo, conocimiento de las diferentes opciones y respeto a las opciones de cada uno.