Jueces y fiscales crean la Irmandade Xurídica Galega

Veinte juristas y cinco funcionarios hicieron votos por la promoción del gallego en la Administración de Justicica. La fórmula solemne de su compromiso resonó como una liturgia laica en el abovedado refectorio del Monasterio de Celanova. "Sí, me comprometo a utilizar y promocionar el gallego en mi actividad profesional", fueron asumiendo uno a uno todos los compromisarios juristas del idioma. Y así, fiscales, abogados y funcionarios se convirtieron en los primeros miembros de la Irmandade xurídica galega. Investidos con la toga (excepto los funcionarios) y bajo el lema "En galego. É de Lei", los primeros irmandiños de la Justicia se reivindicaron "hijos de la tradición" y embajadores de la dignificación y ampliación del gallego a las bases sociales.

El Observatorio da Lingua Galega había lamentado apenas 24 horas antes la "escasa presencia del gallego en el ámbito judicial". Lo ratificó en Celanova su presidenta, Mari Sol López, y el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela, que presidió el acto, dejó clara la "realidad distorsionada" de la administración de Justicia. "Veinticinco años después de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística, la norma no es observada: todo se redacta en castellano", reprobó Varela instando a las audiencias provinciales a cumplir el mandato legal y exhortando a "todos los sindicatos" a que usen el gallego en las demandas y juicios sociales. "Si la Xunta, los ayuntamientos y las diputaciones fueran diligentes habría otras cotas de normalidad", sentenció el Fiscal Superior. Varela abogó por "suplir las carencias" de la diversidad lingüística en los planes de estudio de Derecho en las universidades gallegas.

Ya antes, el presidente de la Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, Xoaquín Monteagudo, había reclamado que "el Estado asuma la promoción del uso del gallego". Destacó que este idioma "no será una lengua plenamente oficial si no se incorpora a las relaciones jurídicas". Monteagudo abogó por mantener el pacto social por el gallego de 1981 y "enterrar el enfrentamiento lingüístico que sectores ultramontanos quieren imponer".

Junto al Fiscal Superior de Galicia, se invistieron como irmandiños el Jefe Superior de Policía de Galicia, Luis García Mañá, magistrados de primera instancia de diversos municipios gallegos, el fiscal de la Audiencia de Pontevedra, el magistrado del Juzgado de Vigo de Violencia contra la mujer y diversos jueces y abogados.

La constitución de la Irmandade estuvo vinculada al homenaje de los juristas a Sebastián Martínez Risco, que además de abogado y magistrado fue presidente de la Real Academia Galega entre 1960 y 1977. Un periodo en el que la justicia "estaba llena de gente absurda en un mundo disparatado que Martínez Risco desmanteló", destacó Xosé Luís Franco Grande, formado en el bufete que Risco tenía en A Coruña.

Tras saludar a las dos hijas de Martínez Risco, un cortejo cívico encabezado por la banda de música de Celanova y seguido por los togados, autoridades y público, recorrió las calles de la villa hasta la Casa Museo de Curros Enríquez . Allí, el fiscal de la Audiencia de Pontevedra, Benito Montero Prego, pronunció unas palabras sobre el proceso judicial desarrollado en Ourense contra el autor de Aires da miña terra. Un libro que, en opinión del entonces obispo de Ourense, Cesáreo Rodrigo, contenía "versos blasfemos".

Transcurrido más de un siglo del proceso judicial contra Curros, y coincidiendo con el centenario de su muerte en La Habana, una veintena de juristas gallegos le rendía tributo en su casa natal tras reclamar respeto a la diversidad lingüística de los gallegos "sin menoscabo de los ciudadanos que se expresan en una lengua distinta a la nuestra".

"Todo vale la pena si el alma no es pequeña", parafraseó ayer a Pessoa el Fiscal Superior, Carlos Varela, tras destacar que el acto celebrado "no tiene precedentes en la historia de Galicia".