El Tribunal Superior anula el tramo final de la autopista Santiago-Ourense

La sentencia establece que vulnera el Reglamento General de Carreteras

Las obras del último tramo de la AP-53 avanzan a buen ritmo y, en principio, la autopista que une Santiago con Ourense tendría que estar concluida a finales de este año. Pero una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia deja ahora en entredicho ese plazo, e incluso la continuidad inmediata de la obra. El tribunal ha anulado el proyecto constructivo que le da soporte y, con él, el estudio de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los terrenos afectados por el trazado.

La Xunta ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia, que certifica que las obras vulneran el Reglamento General de Carreteras, por lo que, en este momento, "carecen de cobertura jurídica", según el abogado de los vecinos, Miguel García Iglesias.

El fallo judicial explica que un informe emitido en 2006 por el ingeniero jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia reconoce que la conexión de la AP-53 con la N-120 a la altura de Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense) mediante el sistema de rotonda incumple el artículo 102.8 de la normativa de carreteras.El recurso que presentará la Consellería de Política Territorial paraliza la ejecución de la sentencia. La normativa infringida exige que el cruce entre la calzada de una vía estatal y una autopista se haga a distinto nivel y sin empleo de rotondas, salvo que la Dirección General de Carreteras concluya que ese elemento mejora las condiciones de seguridad viaria.

Sin embargo, el citado informe "no contiene matiz alguno" sobre este último aspecto y, por tanto, el tribunal sentencia que procede anular íntegramente el acuerdo que dio vía libre a la ejecución del proyecto y a las expropiaciones previas.

El alcance de la sentencia es difícil de precisar. De momento, queda anulado el tramo final, de dos kilómetros, que incluye un viaducto sobre el río Miño y las conexiones con la Autovía Rías Baixas y la N-150. Aunque el recurso de casación ante el Tribunal Supremo interrumpirá la ejecución de la sentencia, aún hay margen de acción para los demandantes: "Dado que las obras todavía no están terminadas, tenemos la posibilidad de solicitar la ejecución provisional de la sentencia", explica el letrado de los afectados.

El único obstáculo a esta petición sería que, dada la cuantía e importancia social de las obras, el Supremo exigiese previamente el depósito de un aval al que los vecinos no pudieran hacer frente. En todo caso, si finalmente el Supremo da la razón a los vecinos con las obras ya terminadas y fuese imposible restituir las cosas a su estado primitivo, los afectados aún tendrían derecho a una indemnización que supondría un incremento de entre un 25% y un 30% sobre el justiprecio de expropiación.

Cinco años de protestas

La sentencia culmina cinco años de protestas por parte de los vecinos de Santa Cruz de Arrabaldo, una parroquia de Ourense que vio primero cómo el trazado de la AP-53 partía en dos su territorio y acababa finalmente por dividir a sus habitantes, a favor y en contra de las soluciones propuestas por la Consellería de Política Territorial.

La definitiva, aprobada en 2006, consiste en ampliar el puente sobre la N-120, construir pasos inferiores que conecten el barrio ourensano, instalar pantallas acústicas y crear una zona verde. Pero la parte del vecindario más afectada rechazó también esta solución y siguió adelante con un contencioso judicial que, por ahora, ha quedado resuelto a su favor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0019, 19 de junio de 2008.