Indignados, sí. Sorprendidos, no

El estado de ánimo de los vecinos de Estepona se resumía ayer en esta escueta frase: indignados, sí; sorprendidos, no. El martes, los esteponeros vieron desplegarse a agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en tres puntos clave de la ciudad: el Ayuntamiento, la sede de Urbanismo y la residencia del alcalde.

Poco después, 25 personas eran detenidas por orden de la juez de la localidad Isabel Conejo. Algunas han sido puestas en libertad con cargos y fianza. El menú acusatorio registra una rica variedad de delitos relacionados con la corrupción urbanística: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, falsedad de documentos, blanqueo de capitales...

Los agentes habían bautizado sus investigaciones, que arrancan en 2007, como Operación Astapa, nombre romano de la ciudad costasoleña. Pero en el pueblo la rebautizaron como Malaya II. Las coincidencias con lo ocurrido en la vecina Marbella son numerosas.

Entre los detenidos, están el alcalde socialista Antonio Barrientos y tres concejales de su partido; otro edil del desaparecido GIL; funcionarios de Urbanismo, arquitectos y empresarios de la construcción.

Dejemos sentado el principio básico de la presunción de inocencia. Pero es indudable que algo muy turbio se cocía en los despachos del poder, político y económico, de esta privilegiada población de 62.000 habitantes. Con una de las reservas de suelo más importantes de la Costa del Sol, era tras Marbella la fruta apetecible de cualquier especulador inmobiliario.

El alcalde Barrientos mantenía un pulso con la Junta de Andalucía y con su partido. Por un lado, firmando convenios urbanísticos de dudosa legalidad y aceptando sorprendentes donaciones de empresarios urbanísticos, entre ellos, del presidente de Prasa, José Romero, uno de los detenidos. La constructora cordobesa, muy implantada en la Costa del Sol, donó graciosamente 2,5 millones de euros al ayuntamiento para pagar a los 700 funcionarios municipales en 2004.

Por otro lado, la política de alianzas de Barrientos, que no dudó en sumar los concejales de su grupo a los residuos del gilismo, que había malgobernado la ciudad en el periodo 1995-99, infundaban sospechas entre algunos socialistas. Lo mismo que su estilo de vida, su amor por los coches de lujo o el abultado sueldo que se concedió tras las elecciones del pasado año: 82.852 euros anuales, que lo convertían en el sexto alcalde mejor pagado de España.

Los elementos para un explosivo cóctel estaban servidos: población en lugar privilegiado con abundante suelo, alcalde ambicioso aliado con el gilismo, constructores en busca de licencias.

¿Y la Junta, y el PSOE? ¿Miraron para otro lado? Me consta que destacados dirigentes socialistas veían en Barrientos un peligro potencial. Debieron en su momento descabalgar de la candidatura socialista a una persona de la que no se fiaban.

Es posible que cuando finalice la investigación judicial el aún alcalde de Estepona salga absuelto. Pero el daño a su ciudad, al Gobierno andaluz, a su partido, ya está hecho. No se produce un despliegue como el de la Operación Astapa si no se tienen fundadas sospechas de que la corrupción se ha instalado en algunos despachos del poder local.

Es de agradecer que el PSOE haya anunciado la expulsión fulminante de Barrientos del partido. Tome nota el Partido Popular, que mantiene en sus filas a alcaldes imputados y en libertad bajo fianza. El caso de Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), es paradigmático. La teoría marcada por los socialistas desde hace cuatro años de tolerancia cero con la corrupción urbanística es la mejor manera de combatirla.

Y como ha dicho el propio Barrientos al referirse a los imputados en la Operación Malaya: "Si hay alguien que haya metido la mano en la caja, que le caiga todo el peso de la ley". Amén.