La ley anticorrupción vigente desde 2007 no se aplica en los municipios

Las medidas anticorrupción introducidas en la Ley del Suelo aprobada en mayo de 2007, que afectaban a concejales y alcaldes, no se pueden aplicar por falta de base jurídica para hacerlo. En la disposición adicional novena de esa Ley se establecían medidas de transparencia, como la obligación de publicar cada año las declaraciones de bienes de concejales, alcaldes y miembros no electos de los gobiernos municipales. En esa disposición se decía que la publicación de las declaraciones de bienes se haría en los "términos fijados por el Estatuto municipal".

Pero el Estatuto municipal es una figura jurídica inexistente en los ayuntamientos, porque se incluyó en el proyecto de nueva Ley de Gobierno Local que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y sigue empantanado. Esta laguna jurídica permite a los ayuntamientos no aplicar uno de los instrumentos que el Gobierno socialista creó en el pasado mandato para combatir la corrupción urbanística.

Gijón es uno de los pocos ayuntamientos españoles en los que, por acuerdo del pleno, todos los concejales han decidido hacer pública su declaración de bienes y actividades aunque carecen del Estatuto municipal que debería regular esta situación.

Desde que en abril de 2006 la Operación Malaya destapó en Marbella (Málaga) el mayor caso de corrupción habido en una Administración pública en España, nueve alcaldes -y decenas de concejales- han sido detenidos por corrupción urbanística en distintos puntos del país: seis del PP, uno del PSOE, uno del Partido Andalucista y una del GIL, la de Marbella. Además del que fuera regidor de Ciempozuelos (Madrid), a quien el PSOE forzó a dimitir poco antes de ser imputado. Todos, salvo este último, eran alcaldes de municipios costeros de Andalucía y Murcia, y de Canarias y Baleares.

Mientras el PSOE ha optado por la expulsión del partido de sus cargos públicos imputados, el PP ha dudado: en unos casos ha dado de baja a sus dirigentes implicados en casos de corrupción, pero en otros los ha mantenido y siguen al frente de las instituciones donde saltó el escándalo.

El PSOE recuerda que en estos casos hace tiempo que adquirió el compromiso de expulsar a todos aquellos cargos socialistas en cuya conducta "existan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de sus funciones". También aseguran los socialistas que si ahora se conocen más casos de corrupción es sólo porque el Gobierno se ha volcado en destaparlos mientras en otras épocas "se dejaba hacer".

En el PP no lo tienen tan claro. Ha habido casos donde se ha expulsado a alcaldes o concejales detenidos o imputados por corrupción (en Telde y Andratx), mientras que en otros casos, como los de Mogán, Alhaurín el Grande o el del presidente de la Diputación Provincial de Castellón, prefieren esperar a ver si la instrucción judicial termina con el procesamiento de los dirigentes populares antes de actuar.Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras (PSOE), fue condenado en noviembre de 2006 a seis meses de inhabilitación por delito electoral. Fue indultado por el Gobierno y volvió a ser elegido alcalde.