OPERACIÓN CONTRA EL URBANISMO SALVAJE

La juez deja en libertad a otros cuatro detenidos en la trama de Estepona

Tres de los liberados tendrán que pagar fianza. -En total, nueve personas han sido puestas en libertad

La juez que instruye la operación Astapa contra la corrupción urbanística en Estepona (Málaga) ha decretado este miércoles libertad provisional con fianzas de entre 100.000 y 500.000 euros para tres de los detenidos y sin fianza para un cuarto por diversos delitos. Según fuentes judiciales, el ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria Valle Romano, Luis Fernando Linares, tiene un plazo de 72 horas para abonar 500.000 euros, mientras que en el caso de dos abogados relacionados con dicha empresa, Armando Pérez y Daniel Delgado, la fianza asciende a 100.000 euros.

A los tres se les acusa de fraude y malversación y se les prohíbe salir de España, han añadido las fuentes, que han explicado que deberán comparecer cada 15 días en el juzgado y que a los dos abogados también se les imputa un presunto tráfico de influencias.

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Por su parte, Enrique González, el empresario que gestionó la campaña publicitaria del PSOE en las últimas elecciones municipales en Estepona, ha quedado en libertad provisional sin fianza acusado de tráfico de influencias y deberá comparecer en los juzgados los días 1 y 15 de cada mes.

Con estas cuatro personas, la instructora ha tomado declaración a nueve de los 25 detenidos en la operación Astapa y otros cuatro lo harán en las próximas horas, ya que han sido trasladados a los juzgados de Estepona a lo largo del día.

La pasada madrugada, la juez decretó libertad provisional con fianza para tres de los implicados. Se tratan del presidente de la promotora Prasa y máximo accionista del Córdoba C.F., José Romero, para quien ha dictado una fianza de 300.000 euros, Ana María Crespo, hermana del edil del Partido Estepona (PES) José Ignacio Crespo, y J.L.C.A, para quienes la fianza es de 30.000 euros. Los tres disponen de un plazo de 72 horas para depositar las cantidades.

La instructora del caso ha dejado en libertad provisional sin fianza pero con cargos al jefe del Servicio Jurídico del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Andrés Flores, y a M.C.H. La juez imputa a estos cinco encausados los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. A Romero además se le relaciona con otros delitos contra la administración pública.

Reanudación de los interrogatorios

Las comparecencias ante la juez se han reanudado este miércoles por la mañana, mientras que ya han acabado los registros del Ayuntamiento. Los agentes han llevado ante la juez a cinco detenidos más, entre ellos al ingeniero de Obras Públicas Javier Wittmeur, que al parecer ocupa responsabilidades en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona y que iba en las últimas elecciones locales en la lista del PES, al constructor Vicente Delgado y al dueño de Agrojardín y constructor José Antonio Bazán También ha sido conducido hasta el juzgado el propietario de la empresa de publicidad que gestionó la campaña publicitaria del PSOE en las últimas elecciones municipales en Estepona, Enrique González Ceano. Además, se ha personado en la sede judicial el ex alcalde socialista de Estepona Antonio Caba, que estaría ejerciendo como abogado del actual regidor.

La Policía ha trasladado al juzgado más de una decena de ordenadores y carpetas con documentación, tras los largos registros de la sede principal del Ayuntamiento de Estepona donde está la Alcaldía, hasta bien entrada la madrugada, en las áreas municipales de Urbanismo y Hacienda y en la casa del alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), también arrestado en la operación. Los interrogatorios a otros cinco imputados continuarán durante esta tarde. Por el momento, no se ha precisado si el alcalde acudirá hoy a declarar, pero todo indica a que lo hará mañana.

25 detenidos

Un total de 25 personas fueron arrestadas el martes en el marco de esta operación denominada Astapa y en la que se ha detenido a cuatro ediles del actual equipo de gobierno, varios más de anteriores corporaciones, empresarios, abogados y funcionarios municipales. La trama, que se dedicaba al cobro de comisiones ilegales a cambio de concesiones de obras, arranca en la anterior legislatura, en noviembre 2006.

Entre los detenidos están el concejal de Economía y Hacienda, portavoz municipal del PSOE y ex senador, Francisco Zamorano; la edil socialista de Playas, Marisa Rodríguez; el jefe de Gabinete de la Alcaldía, José Flores; integrantes del grupo PES y el arquitecto municipal Arturo Cebrián.

Ramificaciones

Este caso de corrupción en Estepona tiene ramificaciones en otras ciudades, ya que se han practicado registros en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián, en total 38. Además, se han expedido órdenes de prohibición de enajenar bienes inmuebles de 55 personas físicas y jurídicas, y se ha solicitado la prohibición de enajenar 64 bienes muebles de 36 personas. Según la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, también se han cursado órdenes de bloquear cuentas corrientes y activos financieros de 78 personas físicas y jurídicas.

Paralelamente a los interrogatorios, se suceden las reacciones políticas y la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha insistido en que el PSOE tiene "tolerancia cero" con la corrupción urbanística, un compromiso que, ha asegurado, ya manifestó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la operación Malaya. Mientras el líder del PP, Mariano Rajoy, ha dicho que la Junta de Andalucía "debería ser mucho más diligente" y evitar casos de corrupción urbanística como el investigado en Estepona, y ha añadido que el alcalde y los concejales implicados deben ser expulsados de sus respectivos partidos políticos.

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