El PSOE expulsó al alcalde a las dos horas de que fuera detenido

"Expulsión inmediata, sin dilación". Ésta fue la instrucción precisa y sin matices que el secretario de Organización, José Blanco, dictó a la ejecutiva regional del PSOE de Andalucía nada más conocer que el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, era conducido por la policía a dependencias municipales. Sólo habían pasado dos horas desde que empezara la operación policial, y hora y media desde que José Blanco y Luis Pizarro, secretario de Organización de los socialistas andaluces, mantuvieran la primera conversación sobre este asunto.

De momento, el expediente de expulsión sólo afecta al alcalde de Estepona hasta tanto la investigación no toque a otros. Si esto ocurriera la reacción sería la misma: expulsión. En el PSOE se instaló esta doctrina hace cuatro años y en todas las federaciones saben que la presunción de inocencia queda para los tribunales no para el funcionamiento interno del partido. "Serán separados del partido todos los militantes, sean o no cargos públicos, sobre los que recaigan los mínimos indicios o sospechas de comportamiento irregular". Esta declaración de José Blanco, aprobada en una reunión de la comisión permanente, es "ley".

Seis casos en cuatro años

Y así ha actuado la dirección socialista en estos últimos cuatro años en los seis casos en los que ha considerado que había presuntas irregularidades, más o menos graves, y con independencia de que los afectados hayan resultado condenados.

El 29 de marzo de 2004, la dirección socialista disolvió al completo la agrupación socialista de Seseña, en Toledo, porque sus concejales apoyaron un plan de actuación urbanística que no tenía el visto bueno de la dirección regional de Castilla-La Mancha. El 19 de octubre de 2006, el PSOE expulsó al que fuera alcalde de Ciempozuelos (Madrid), Joaquín Tejero, al ser imputado por un supuesto delito de cohecho. El regidor en aquel momento, el socialista Pedro Antonio Torrejón, corrió el mismo camino por presuntas irregularidades en la recalificación de terrenos.

El tercer caso de expulsión ocurrió el 23 de octubre de 2006 en la localidad asturiana de Navia, donde el concejal Juan Pablo Unibaso, se vio envuelto en una operación de venta de terrenos. La siguiente baja tocó al alcalde de Aldea del Fresno (Madrid), José Luis Tello, acusado de un delito de presunta prevaricación. También tuvo el mismo castigo el regidor de Catral en Alicante, José Manuel Rodríguez, por presunto "aprovechamiento" de su cargo. En Los Alcázares (Murcia) fue expulsado el alcalde Juan Escudero y el concejal Alfredo Blanco.