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Cajasol paga una renta vitalicia a cuatro ex directivos de Beneroso

Un ex subdirector denuncia el caso al Banco de España, la Junta y la fiscalía

La cúpula directiva de la antigua caja de ahorros El Monte de Huelva y Sevilla sigue cobrando de la nueva Cajasol aunque ya no preste sus servicios a la entidad. Un contrato firmado en mayo de 2002 como adenda incluida en el Acuerdo de Previsión Social Complementaria de diciembre de 2000 de la entidad, aún presidida por Isidoro Beneroso, y avalada por el comité de empresa representado por Comisiones Obreras, otorgó al director general, al director general gerente, al director general adjunto y al secretario general de la entidad, "la percepción, con carácter vitalicio, de una renta anual revisable, cuyo importe coincidirá con el último salario anual como activo más las revisiones anuales correspondientes".

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Los cuatro beneficiarios de este contrato, Juan Pedro Álvarez Giménez (director general) Fernando Faces García (director general gerente, ya jubilado), Alberto Alonso Lobo (director general adjunto) y José Manuel Giménez Fernández (secretario general), disfrutan de esa renta vitalicia pese a no prestar servicios a la caja. El contrato, además, les permitía capitalizar la citada renta a voluntad, así como que la entidad de ahorro debería constituir una póliza de seguro colectivo de prestación a favor de esos cuatro directivos para asegurar la percepción y sin imputación fiscal para los beneficiarios, póliza que además recogería que en caso de fallecimiento del empleado en activo, sus beneficiarios recibirían las prestaciones previstas.

La revelación de este contrato ha llegado a manos del Banco de España, de la Junta de Andalucía, y de la Fiscalía mediante un escrito de denuncia del hasta hace pocas semanas subdirector general de Recursos Humanos de Cajasol, Alfonso Bermúdez, quien fue destituido de su cargo el 1 de abril pasado.

En su escrito, de nueve folios, Bermúdez cuestiona la legalidad de esos contratos y afirma que los gestores de la entidad han incurrido en administración desleal y encubrimiento por no haber intentado anularlos. En este sentido, Bermúdez alude a informes jurídicos de asesores externos de la caja que apoyaban la irregularidad de esos pagos.

Fuentes de la Junta de Andalucía informaron ayer que ya han solicitado a la entidad una explicación sobre la citada denuncia, dado que la Consejería de Economía y Hacienda es la competente en la inspección y control de los órganos de gobierno de las cajas andaluzas.

Otras fuentes han indicado que la denuncia de Bermúdez carece de credibilidad y el fruto de su destitución, así como que los contratos ya fueron inspeccionados por la Junta, y que uno de los beneficiarios ejecutó uno de los contratos con Bermúdez como subdirector de Recursos Humanos de la caja, sin que éste se opusiera.

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