Sólo cuatro capitales ofrecen plazas para condenados a trabajos sociales
Sevilla acumula más de 700 condenados sin plazas donde redimir su pena
El nuevo Código Penal de 1995 incluyó como pena los llamados "trabajos en beneficio de la comunidad", ya recogidos con anterioridad (1992) en los procesos penales para menores. Recientemente, las reformas incluidas en materia de violencia de género, violencia doméstica, y seguridad vial, han multiplicado de manera espectacular el número de ciudadanos condenados a este tipo de pena. Pues bien, el atasco en la administración penitenciaria es digno de asombro.
En Andalucía sólo existen 1.410 plazas para cumplir estas condenas. Y sólo cuatro capitales de provincia ofrecen a sus ciudadanos la posibilidad de redimir sus delitos o faltas en trabajos comunitarios.
En total son sólo 75 las plazas que ofrecen las cuatro capitales -Almería, Cádiz, Granada y Jaén- que tienen suscrito el convenio marco que en mayo de 1997 firmó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el Ministerio del Interior para la realización de estos trabajos sociales. Curiosamente, las plazas convenidas por organizaciones sociales u ONG son 86, 11 más que las que ofrecen en total todas las capitales.
En Instituciones Penitenciarias no dan abasto con la llegada de ciudadanos condenados que pretenden redimir cuanto antes su condena y que se encuentran con la imposibilidad de hacerlo por falta de plazas. Desde la institución penitenciaria se destaca la función social de este tipo de condena, el beneficio que reporta a la comunidad, y la ausencia de coste para los municipios, ya que los aseguramientos por el trabajo que desempeñen los penados son costeados por el Estado.
De los 770 municipios andaluces, sólo 138 tienen suscritos convenios para ofertar plazas que permitan a sus ciudadanos resarcir de alguna manera a la sociedad sus delitos o faltas.
Desde Instituciones Penitenciarias que el perfil de los condenados a este tipo de trabajos sociales no acarrea peligrosidad social. Son individuos condenados por superar las tasas de alcoholemia mientras conducían un vehículo, o carecían de permiso de circulación, o por haber cometido alguna falta relacionada con la violencia de género.
Fuentes judiciales estiman que desde la entrada en vigor de los nuevos delitos penales en materia de seguridad vial las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad se han quintuplicados. Un estudio de Automovilistas Europeos Asociados cifra en 50.000 los ciudadanos españoles que anualmente serían condenados a penas de prisión por incumplir las normas de tráfico.
Instancias judiciales y penitenciarias destacan la ignorancia o el desinterés de muchos municipios por ofertar plazas para el cumplimiento de estas condenas, que a la postre revertirían en la propia ciudadanía. Un estudio del Defensor del Pueblo de Cataluña estima que el coste de un preso para el Estado es de 68 euros diarios, mientras que los trabajos sociales cuestan una media de 7 euros y reportan un beneficio a la sociedad de 18 euros por hora.
Sin carné y sin autobús
En la Plaza de España de Sevilla pronto se van a formar colas de condenados para intentar cumplir sus penas. Son más 700 los ciudadanos que, en su mayoría por infracciones de tráfico, han sido condenados a trabajos en beneficio de la comunidad y que ven imposible cumplirlas.
En Sevilla capital sólo hay dos lugares donde cumplir esas condenas y una no es precisamente la capital. Los exteriores del Centro Penitenciario Sevilla II, en Mairena del Alcor, a 30 kilómetros de la capital, y en el Banco de Alimentos de Sevilla. El problema es que los aledaños de Sevilla II sólo pueden ocupar a 28 personas. Deben ser los exteriores más limpios y mantenidos de cualquier cárcel del mundo. Y la asociación Banco de Alimentos sólo tiene convenidas cuatro plazas de lunes a viernes para realizar esos trabajos sociales.
El problema se agrava más aún en el caso de Sevilla II, un centro aislado del municipio de referencia (Mairena del Alcor) y al que no se puede llegar más que con el autobús previsto por Instituciones Penitenciarias para los familiares de los presos allí recluidos. Los condenados por delitos contra la seguridad vial suelen tener restringida la capacidad de conducir, es decir, les suelen retirar el carné de conducir con lo que tienen verdaderas dificultades para poder desplazarse hasta Sevilla II, cuyo autobús está saturado de viajeros y sólo funciona sábados y domingos.
En el Ayuntamiento de Sevilla nada se sabe de esta cuestión, ni está previsto suscribir el convenio marco al que desde 1995 pueden adherirse todos los municipios. Curiosamente, en la provincia 27 municipios menores ofrecen a sus ciudadanos un total de 135 plazas para redimir sus condenas.
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