En defensa de la presidenta del TC

Las personas que suscribimos esta carta somos profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de diversas universidades españolas y abogados laboralistas, especialistas en derecho laboral tanto en la actividad pública como privada. Queremos manifestar nuestra indignación por el tratamiento informativo que su periódico ha dado al asunto de las escuchas telefónicas a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas Baamonde, derivadas de un procedimiento penal que en nada afecta a la implicada.

La portada de EL PAÍS del día 4 de junio supone, a nuestro juicio, un caso claro de amarillismo informativo que busca causar un grave daño y desprestigio a la figura de la presidenta del TC, descontextualizando la conversación en la que se vierten las frases entrecomilladas y el hecho de que se trataba de un caso de supuestos malos tratos.

En esa primera página además se insiste en el posible carácter delictivo de unos hechos que, a todas luces, son irrelevantes penalmente. En este sentido comprobamos con pesar que su periódico se une a la estela de publicaciones que desde hace un tiempo (lamentablemente demasiado prolongado) procede a descalificar sistemáticamente a esta persona. Es evidente que no es fruto del azar este aluvión de improperios y de insidias hacia alguien que, como bien podemos atestiguar quienes la conocemos y apreciamos como brillantísima investigadora y excelente persona, acredita una honradez personal y científica intachable.

Estas informaciones manipuladas y tendenciosas tienen por objetivo, no tanto desprestigiarla a ella, como a la institución que preside. Es por tanto el Tribunal Constitucional, máximo órgano en materia de garantías constitucionales, quien a la postre recibe la campaña de descalificación continua de la que viene siendo objeto, que no hace sino dificultar su ya de por sí compleja labor institucional, añadiendo ingredientes desinformadores que buscan degradar la posición decisiva que en la consolidación de las libertades democráticas ha tenido en el pasado y debe seguir manteniendo en el futuro.

Y por eso mismo resulta inaceptable que la presidenta del Tribunal Constitucional sea atacada como lo está siendo por supuestos creadores de opinión que colaboran activamente en la erosión de las garantías democráticas de este país, que se niegan a aceptar el resultado electoral para imponer sus posiciones antidemocráticas, manifestando a la vez un censurable desprecio por la trayectoria de una persona de prestigio profesional y personal intachable de la que el Tribunal Constitucional se está beneficiando de su conocimiento y reflexión reposada.

Nunca habríamos creído que EL PAÍS iba a alinearse en ese campo de la infamia.- Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo UCLM (Ciudad Real) y 53 firmas más.

En nuestra condición de cotidianos lectores del periódico de su dirección, las 38 personas que suscribimos esta carta, catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de distintas universidades españolas, nos creemos plenamente legitimados para alzar nuestra voz y expresarle nuestra profunda sorpresa, nuestra honda tristeza, nuestra intensa preocupación y nuestra contenida irritación por la forma y el contenido con que el día 4 del presente mes el periódico de su digna dirección ha abordado el asunto de las escuchas telefónicas de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas Baamonde.

Formalmente, nos parece incomprensible que un medio de acreditado prestigio se preste a llevar a su portada un tema que, desde que apareció a la luz pública y sin sombra alguna de incertidumbre, ya portaba el sello de la banalidad informativa. Pero más incomprensible nos parece, si cabe, que haya optado por aceptar el órdago de quienes, desde hace ya muchos meses, tienen como objetivo básico y esencial no sólo ni tanto desprestigiar a nuestra querida y respetada compañera cuanto desestabilizar al propio Tribunal Constitucional.

Este órgano es el que, a la postre, está en el punto de mira de esta campaña de sistemático descrédito, que no cumple otra finalidad que la de dificultar su ya de por sí compleja labor institucional, degradando de ese modo y al tiempo la convivencia de nuestro entero orden civil democrático.

Las descalificaciones que de manera tan injusta como torticera está padeciendo la presidenta del Tribunal Constitucional nos resultan, en suma, doblemente inapropiadas.

De un lado, por cuanto ensombrecen sin el más mínimo fundamento una brillante trayectoria profesional y un intachable comportamiento personal. De otro, por cuanto colaboran activamente en la erosión de las garantías democráticas de nuestro país, dando voz a quienes desde hace años se niegan a aceptar las bases mismas sobre las que se asienta todo sistema de libertades públicas; a saber: a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos corresponde el indeclinable derecho de elegir a sus Gobiernos y, con ello, de decidir la gestión de los asuntos públicos.