Estado y autonomías se dan una tregua en el Constitucional

Al inicio de la pasada legislatura, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encargó al entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que acordara con las comunidades autónomas una reducción sensible de los conflictos competenciales pendientes ante el Tribunal Constitucional, que ascendían a 310.

Zapatero buscaba la distensión del Estado con las comunidades autónomas después de una legislatura muy conflictiva, la de 2000-2004, en la que el Gobierno de la mayoría absoluta de José María Aznar mantuvo una fuerte batalla legal en el Constitucional con diversas comunidades. El acuerdo con las comunidades autónomas buscaba aliviar el atasco del Tribunal Constitucional que, en la segunda parte de la legislatura 2004-2008, tendría que centrar su tarea en la deliberación de la sentencia de la reforma del Estatuto de Cataluña.

Sevilla dice que el debate territorial de la legislatura no fue tan conflictivo como pareció

En la segunda legislatura de Aznar, la de 2000- 2004, la conflictividad había subido de manera vertiginosa: el Estado planteó hasta 217 recursos al Tribunal Constitucional contra leyes de las comunidades autónomas y éstas plantearon al Estado 166 recursos, algo insólito desde los comienzos del funcionamiento del alto tribunal.

"La conflictividad en la segunda legislatura de José María Aznar, la de la mayoría absoluta, fue gratuita y obedecía a un criterio político de exacerbación. De ahí que Zapatero se planteara como tarea prioritaria la distensión de la conflictividad ante el Constitucional y yo se lo ofrecí a las comunidades en la primera ronda que tuve con ellas tras ganar las elecciones", manifestó ayer Jordi Sevilla.

La iniciativa política de Zapatero y Sevilla dio resultados, a juzgar por el informe-balance sobre la conflictividad en la legislatura 2004-2008 que acaba de publicar el Ministerio de Administraciones Públicas, cuya actual titular es Elena Salgado.

Según el informe, de los 310 conflictos pendientes de sentencia ante el Tribunal Constitucional en el año 2004, tanto por el Estado como por las comunidades autónomas, 110 decayeron por la vía del desistimiento (la renuncia) de ambas partes en el periodo 2004-2008.

El informe precisa que entre 2004-2008 los desistimientos del Estado frente a las comunidades autónomas fueron 36 y los de las comunidades frente al Estado ascendieron a 74. Los desistimientos del Estado favorecieron en ocho casos a Cataluña; en seis a Andalucía; en cinco a Castilla-La Mancha y en cuatro al País Vasco. En el caso de Cataluña decayeron numerosos recursos contra la Ley del Código Civil.

En cuanto a los recursos de las comunidades autónomas contra leyes del Estado, Andalucía es el caso más sobresaliente. Retiró hasta 30 recursos. Muchos de ellos afectaban a los Presupuestos Generales del Estado de los Gobiernos de José María Aznar, que, a juicio de la Junta de Andalucía, ignoraron el crecimiento de la población. El compromiso efectivo del Gobierno de Zapatero de pagar la deuda a Andalucía supuso la retirada de los recursos de la Junta ante el alto tribunal.

Otra vía que el Gobierno y las comunidades autónomas han utilizado en la legislatura 2004-2008 para evitar recursos ha sido la de las comisiones bilaterales de cooperación a efectos del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La fórmula consiste en aplazar los recursos de tres meses a nueve, ampliando el plazo de interposición contra las leyes sean del Estado o de las comunidades autónomas, siempre que en la comisión bilateral se acuerde desarrollar negociaciones para resolver la controversia.

El balance que ha arrojado la utilización de la fórmula de las comisiones bilaterales de negociación entre el Estado y las comunidades autónomas es de 45 leyes en las que han existido controversias competenciales en esta legislatura. Veinticinco se han resuelto de modo positivo; 12 con resultado infructuoso y ocho están todavía en trámite. "Los resultados demuestran que el debate territorial en la anterior legislatura no fue tan conflictivo como pareció", manifestó ayer Sevilla.

El informe precisa, también, cómo el ritmo del Constitucional ha bajado en 2007, con sólo 14 sentencias sobre cuestiones competenciales (ver gráfico), como consecuencia del debate en su seno sobre la reforma del Estatuto de Cataluña.

Recoge, asimismo, cómo sólo una ley del Estado ha sido recurrida por la Generalitat de Cataluña desde que está vigente el Estatuto reformado, y cómo el Estado no ha recurrido ninguna ley de la Generalitat.