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La primera gran protesta ante la crisis

Los expertos tachan de ilegal la tarifa mínima que reclaman los huelguistas

Los convocantes esgrimen dos sentencias europeas para avalar su exigencia

Atascos a la entrada de las ciudades, estantes semivacíos en algunos comercios, consumidores con miedo a encontrarse las gasolineras secas... Estas imágenes de los últimos cuatro días podrían finalizar si no fuera por una petición de los huelguistas que se ha convertido en el principal escollo para llegar a una solución: la tarifa mínima. El Gobierno volvió a dejar claro ayer que no piensa ceder. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, aseguró en el Senado que es "imposible" aceptar esa exigencia, ya que crear una tarifa mínima obligatoria "no tiene fundamento legal en una economía de mercado".

La mayor patronal de camioneros cree "imposible" que se aplique la medida

Las dos asociaciones que convocan el paro (Fenadismer y Confedetrans, que aglutinan al 20% de las 130.000 empresas del sector) defienden que el precio mínimo evitaría la competencia desleal. Dicen que el sector está saturado, por lo que muchos trabajan por debajo de costes con tal de conseguir encargos. Los huelguistas quieren que las tarifas que marca el Observatorio de Costes del Transporte por Carretera, que elabora Fomento cada seis meses, se tomen como precio mínimo obligatorio. Ahora son sólo una referencia indicativa.

El Ministerio calcula esta cantidad sumando los gastos de combustible, sueldos, desgaste del vehículo, dietas y reparaciones. Según este indicador, el coste por kilómetro de un camión articulado de carga general es de 0,95 euros si va sin carga; y 1,12 con mercancía. A esto habría que añadir el margen de beneficios, peajes, oficinas... Según todas las asociaciones, muchos transportistas aceptan ahora trabajar por mucho menos del mínimo.

CETM, la patronal que no secunda la huelga (y representa al 60% de los transportistas), comparte que el sector pasa por momentos difíciles. Sin embargo, su presidente, Marcos Montero, piensa que sería "imposible" aplicar este tipo de tarifas. "No es real. Tendrían rechazo por todos lados", dice. Para defender el precio mínimo, Fenadismer esgrime dos sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 1993 y 1995 que, según la asociación, abren la puerta a que un Estado miembro "establezca tarifas de obligado cumplimiento en los transportes de mercancías por carretera".

Fomento responde que esas sentencias condicionan las tarifas a que las fije un comité donde los poderes públicos tengan la mayoría frente a los "operadores económicos interesados", y en todo caso teniendo en cuenta el interés público. El Gobierno añade que se trata de un sector liberalizado y constituiría un pacto de precios prohibido por ley, informa Lara Otero.

Expertos como Guillermo Aguillaume dan la misma versión. Este especialista en derecho comunitario dice que la legislación europea nunca permitiría que el Gobierno fijara unos precios al dictamen de los interesados. "Además, las tarifas se tendrían que marcar por interés público; y éste no es el caso", añade. En la misma línea, el abogado José Antonio de la Calle opina que "podrían constituir una conducta anticompetitiva", y por tanto, no sería aceptado por las autoridades. Competencia ya amenazó el lunes con tomar medidas si el Gobierno acepta un precio mínimo que "supone un paso atrás".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de junio de 2008