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Editorial:

Laicismo a la turca

La ofensiva judicial contra el Gobierno de Erdogan aleja al país musulmán de Europa

¿Es el laicismo un valor intangible, que cuando aparece consagrado en la Constitución deba prevalecer sobre las urnas? Eso es lo que el poder judicial turco pretende: anular la repetida preferencia del electorado turco por el partido en el Gobierno, el neoislamista o islamista moderado Partido de la Justicia y Desarrollo, que dirige el primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

El primer asalto de esa guerra, con victoria de ese laicismo tan particular del Tribunal Constitucional, ha anulado la ley por la que el Parlamento permitía la utilización del türban o velo femenino en la universidad, que deja, en cualquier caso, el rostro al descubierto; pero que nadie se llame a engaño porque lo que viene a continuación es la más que probable ilegalización del partido en el poder, reforzada por la inhabilitación de 71 altos cargos entre los que estará el propio Erdogan.

El Ejecutivo, que negocia a largo plazo el ingreso de Turquía en la UE, se halla en el poder desde 2002 y en las elecciones de 2007 obtuvo el 47% de los sufragios. Durante este tiempo ha ido europeizando la legislación, como es evidente con la reforma de la ley de insultos a la identidad turca, auténtica ley del embudo que permitía encarcelar casi a voluntad. Enfrente tiene a un Tribunal Constitucional en el que se parapeta el antiguo kemalismo, que fue hace tres cuartos de siglo la savia fundadora de un régimen en el que el islam dejaba de ser, a diferencia de lo que ocurre en el mundo árabe, el sine qua non de la realidad política. Mustafá Kemal, Atatürk, creó un país en vías de modernidad, pero eso no significa que tenga hoy sentido todo lo que lo tuviera en los años veinte y treinta.

Los kemalistas, entre los que milita no sólo el Ejército sino una parte de la élite europeizante de Turquía, aseguran que Erdogan tiene una agenda oculta, que exigiría actuar cuando aún es tiempo. Pero de ningún modo la labor del Gobierno permite pensar así. Lo que sí hay es un encastillamiento de castas, la militar sobre todo, en defensa de sus derechos adquiridos. La Constitución aprobada en 1982 fue el colofón al golpe militar de 1980, y si entonces la Carta sirvió para la recuperación de la democracia, eso no hace que todos sus preceptos deban ser para siempre intocables. Y peor aún, ¿acaso esos laicistas quieren que, como reacción, el país vote un día por el establecimiento de una república islámica?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 10 de junio de 2008