El Constitucional cierra filas y avala la conducta de la presidenta

El pleno del Tribunal Constitucional cerró filas ayer en torno a su presidenta, María Emilia Casas, a la que reiteró su confianza para seguir en el cargo tras las explicaciones recibidas sobre su conversación telefónica con una abogada que meses después fue acusada del asesinato de su marido. Además de expresar su apoyo a la presidenta, el Tribunal intentó trasladar una imagen de "normalidad" y "legitimidad" para continuar deliberando los asuntos pendientes. El acuerdo del pleno fue respaldado por todos los magistrados (diez) excepto el conservador Jorge Rodríguez Zapata, quien no se pronunció por entender que ello supondría tomar una postura que le "contaminaría en el futuro".

La mayoría de los magistrados hallaron "innecesarias" las explicaciones

El acuerdo del pleno recuerda que es el propio Tribunal Constitucional el "unico órgano constitucionalmente competente" para valorar los comportamientos institucionales de sus miembros, con lo que parece salir al paso de las voces que desde distintos ámbitos judiciales y políticos urgían "explicaciones públicas" y eventuales "responsabilidades disciplinarias" de María Emilia Casas.

Según el Constitucional, fue la propia presidenta la que convocó el pleno de ayer, tras conocer el auto del Tribunal Supremo en el que la sala de admisión de causas especiales rechazó por unanimidad que el contenido de dicha conversación fuese delictivo.

De hecho, el Supremo valoró la intervención de Casas no como el asesoramiento ilegal que apreció la juez número 5 de Valdemoro, Belén Pérez Fuentes, al trasladar al Supremo la conversación grabada, sino como un "consejo" de la presidenta a su interlocutora en el que se deslizaron expresiones que se ajustan a los usos sociales "generalmente admitidos".

El pleno se reunió a mediodía de ayer y tras una interrupción para comer en la misma sede del tribunal, continuó en las primeras horas de la tarde. Según el comunicado, los magistrados escucharon la versión de María Emilia Casas de los hechos conocidos por las informaciones de prensa de los últimos días, tras lo cual, agradecieron a la presidenta "la transparencia de su comunicación" y le reiteraron su confianza. Al margen del comunicado, las fuentes consultadas por este periódico indicaron que la mayoría de los magistrados consideró que las explicaciones de María Emilia Casas eran "innecesarias", pero la presidenta insistió en ofrecerlas.

El pleno también expresó a su presidenta su apreciación de que "ni ella ni el Tribunal deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas".

Por último, los magistrados manifestaron su decisión de "continuar con normalidad en el estudio y resolución de los asuntos que en este momento tienen en su agenda". En ese sentido, las fuentes consultadas dijeron que tras el pleno gubernativo de ayer, el Tribunal tiene previsto celebrar hoy un pleno jurisdiccional en el que, dentro del plan previsto, continuarán las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña, que proseguirán también en la mañana y la tarde del miércoles y el jueves.

El magistrado conservador Jorge Rodríguez-Zapata, compañero habitual de las iniciativas del fallecido Roberto García-Calvo, manifestó en una nota que no se pronunciaba sobre el relato de Casas porque, según la jurisprudencia del Tribunal, supondría una "toma de postura" que le "contaminaría en el futuro ante eventuales actuaciones que exigieran un pronunciamiento jurisdiccional o gubernativo".

La postura de Rodríguez-Zapata parece referirse a la recusación de que fue objeto por parte del Gobierno tras expresar en una carta a la presidenta y en un posterior pleno su discrepancia más profunda con la prórroga del mandato de María Emilia Casas hasta su renovación. Aquella toma de postura le costó después ser apartado, junto con García-Calvo como cofirmante de la carta, del pleno que resolvió el recurso del PP contra la reforma de la ley orgánica del Tribunal.

La nota del pleno despeja la situación de la presidenta respecto al Tribunal, que ha minimizado el contenido de la conversación de Casas con la abogada María Dolores Martín, a la que telefoneó por creerla objeto de malos tratos por parte de su marido.

La conversación fue intervenida por la Guardia Civil, que vigilaba a la abogada como sospechosa de la muerte de su marido, circunstancia que Casas no conocía. En la conversación, la presidenta dijo a la abogada que se le había pasado el plazo para recurrir en amparo ante el Constitucional frente a decisiones judiciales sobre su divorcio y malos tratos: "Pero siempre podrá provocar usted, su abogado lo sabe, alguna nueva actuación judicial que le permita llegar al Tribunal en amparo", le dijo. Al término de la conversación, Casas le comentó: "Si alguna vez va en amparo, pues ya me vuelve a llamar", aunque añadió que ella "no la podía ayudar".