Un hospital paraliza un aborto por ser el segundo

La protagonista de esta historia es subsahariana, está embarazada de 8 semanas, y tiene unos treinta años. Quiere abortar por la sanidad pública pero el pasado 22 de mayo el Hospital de San Juan de Elche le negó el derecho a someterse al examen psicológico previo. Dicha valoración es necesaria para acogerse al primer supuesto que recoge la ley: "No será punible el aborto cuando sea necesario para la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico de la especialidad correspondiente". En este caso, el médico correspondiente era María Angustias Oliveras, psiquiatra del hospital de San Juan.

Oliveras declinó hacer siquiera esa valoración cuyo resultado, por supuesto, podía haber sido positivo o negativo para la paciente. La razón que esgrimieron, según narra Gloria Marín, una feminista de la Assemblea de Dones de Elche que la acompañaba, "fue que los fondos públicos ya le habían subvencionado un aborto" hace cuatro años y que, además no había cumplido el compromiso de utilizar anticonceptivos. "Cuando le argumenté que ese razonamiento era totalmente ilegal siguió poniendo excusas hasta que nos fuimos" relata Marín.

El centro exigió a la mujer, adulta, que fuera acompañada de un famliar

La siguiente evasiva no fue más convincente. "Nos dijo que tenía que ir con un familiar para que le tradujera y no conmigo porque, al no ser de su familia, el centro no tenía la seguridad de que fuera de la confianza de la paciente".

Tanto la doctora Oliveras como el Hospital de San Juan se han negado a aclarar ninguno de estos hechos. La Consejería de Sanidad de Valencia afirma que es cierto que le denegó la valoración en ese momento pero que se le invitó a volver al día siguiente acompañada de un familiar y no lo hizo. "La asistente con la que iba no era de su ámbito más íntimo y la médica consideró que no era correcto analizar una situación tan sensible delante de ella. Además no habla el idioma de la paciente y no era la mejor intérprete" afirmó ayer una portavoz de la consejería.

Después de 20 años esta es la primera vez que a Gloria le sucede tal cosa. "En la sanidad pública el informe suele ser negativo. De hecho, en España tan sólo el 2,9% de los abortos se hacen con fondos públicos, pero que se nieguen a valorar el caso me resulta insólito". Además, la ley no hace ningún tipo de indicación alguna sobre la compañía de la paciente, siempre que sea mayor de edad, como es el caso.

Uno de los elementos chocantes del asunto es que esta doctora no es objetora de conciencia porque en su puesto se dedica, precisamente a hacer el diagnóstico psicológico de las mujeres que quieren abortar. "Es necesario que se reforme la actual ley de supuestos para que las mujeres no tengamos que dejar nuestro futuro en manos de las decisiones subjetivas de otras personas, por una ley que respete, desde el principio, nuestra decisión".

Por ahora esta mujer anónima sigue embarazada. Si el Hospital de San Juan continúa sin evaluarla, seguramente recurrirá a una clínica privada.