Los últimos nueve años del Guggenheim serán auditados
El Parlamento encarga la tarea al Tribunal de Cuentas
El Gobierno tripartito ha decidido no plantear batalla con el caso Guggenheim y aceptar todas las peticiones de la opósición sin rechistar. El pleno del Parlamento aprobó ayer, prácticamente sin debate, una enmienda de transacción por la que requiere la fiscalización de la Fundación Guggenheim y de las Sociedades Tenedora e Inmobiliaria del museo por parte del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en los ejercicios que van desde 1999 a 2007, ambos inclusive. Este es realmente el único aspecto novedoso de una proposición que reitera el apoyo al museo.
El pleno respaldó una enmienda de transacción a la proposición no de ley planteada por el PSE relativa a la realización de una auditoría general a la Fundación Guggenheim y a las sociedades Tenedora e Inmobiliaria. La enmienda pactada por PSE y el tripartito manifiesta el respaldo de la Cámara al Museo Guggenheim Bilbao por su "función artística, turística y de tracción económica durante sus más de diez años" y exige la adopción de "procedimientos públicos de adjudicación, control de fondos y selección de personal" de la pinacoteca bilbaína.
El Parlamento instó también a los representantes del Gobierno vasco en los órganos del museo a "impulsar cuantas iniciativas sean necesarias para lograr la máxima transparencia en todos los asuntos relacionados con la gestión del mismo, de la Fundación, la Sociedad Tenedora y la Sociedad Inmobiliaria".
La petición del Parlamento se enmarca en los escándalos que, destapados por auditorías del Tribunal Vasco de Cuentas, han dejado la gestión del museo seriamente cuestionada. Por un lado, la dudosa operación de compra de divisas para financiar obras de arte en la que se perdieron entre 2002 y 2005 seis millones de euros. Y finalmente, el caso del desfalco de casi medio millón de euros cometido por su director financiero, Roberto Cearsolo.
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