Política y cheques

En pocos meses hemos pasado de lucir superávit en las arcas públicas a predecir como mejor resultado posible para fin de año el no quedar en números rojos. En medio, decisiones de gran calado como fueron la desgravación de 400 euros para todo hijo de vecino, sea éste el que apenas llega a final de mes, sea el presidente de una gran compañía multinacional. Y por el camino tenemos también la ayuda a los recién nacidos, a todos, y la ayuda a los jóvenes que buscan piso en alquiler, a todos. Las consecuencias de esta forma de hacer política no deberían pasar desapercibidas. ¿Qué es mejor, recibir en metálico 2.500 euros cuando nace tu hijo o contar con una escuela infantil pública cerca de tu casa? Lo primero es simplemente cuestión de números, de tener o no tener disponibilidad suficiente, y el impacto es potente y generalizado. Lo segundo es mucho más complejo. Requiere ponerse de acuerdo entre administraciones, buscar emplazamiento, distribuir costes, cubrir las necesidades del servicio con el personal necesario, atender las especificidades legales que se requieren para un centro de esas características y luego indisponerse con los que quieran llevar a sus hijos a la escuela y que, por razones de demanda excesiva y selección según renta, no puedan acceder a ella. En un caso recibes titulares de inmediato, en el otro la cosa es lenta y menos visible. Recordemos el caso de los libros gratuitos para cada familia en Santa Coloma, anunciado pocas semanas antes de las elecciones locales, y comparémoslo con la política de implicar a las asociaciones de madres y padres y al centro en la reutilización de libros colectivos. En una hay facilidad y protagonismo directo; en la otra, complejidad y protagonismo colectivo. Las fotos del ministro Caldera repartiendo cheques a padres con recién nacidos me recordaba imágenes que creía en buena hora superadas.

Estas medidas, por populares, acaban descapitalizando al Estado y generan una lógica de clientelismo

Por debajo del periscopio mediático, lo cierto es que, como bien padecemos, España esté entre los países con menor gasto social para las familias de los países de la OCDE. Si el promedio está en 2,4%, nosotros nos situamos antepenúltimos, con apenas unas décimas por encima del 1% y sólo mejor que México y Corea. En muchos países existen "regalos" natalicios parecidos, pero habitualmente están acompañados de servicios o de otras prestaciones que propician una visión más global de cómo dar respuesta a los problemas cotidianos de centenares de miles de familias. Tenemos, pues, dos problemas: la política de cheques aislada en un mar de ausencias y la falta de una verdadera política de familias que estructure el campo y le dé consistencia de manera coordinada con las comunidades autónomas (que son las que tienen competencias en el tema) y los municipios (que empiezan a desgañitarse reclamando más colaboración en esa labor de políticas de proximidad que asumen en solitario y sin recursos suficientes). Y todo ello con una visión de la política fiscal en que parece ganar quien promete más rebajas.

En el campo de los jóvenes, la cosa siguió derroteros similares. La ayuda de 210 euros pensada para favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda y a su emancipación, y de paso potenciar el parque de viviendas en alquiler, ha tenido resultados muy contradictorios. Por una parte, es vox populi que esa medida ha sido trasladada de manera más o menos íntegra al alquiler de la vivienda para jóvenes. En el mejor de los casos, arrendatarios y beneficiarios se distribuyen la ayuda. Hace unos días, el periódico Le Monde se hacía eco de las demandas de la Fundación Abbé Pierre, con relación a la supresión de las ayudas a construir viviendas de alquiler con finalidades sociales, denunciando que esa medida sólo beneficiaba a los constructores, y no a los potenciales usuarios. Estamos en puertas de una nueva ofensiva de construcción de viviendas con vocación de utilización pública, destinadas a diversos colectivos con carencias económicas y sociales más o menos graves. Es una demanda social evidente y resulta oportuna dada la situación del sector inmobiliario. Pero, antes que tengamos que lamentarnos dentro de unos años, sería conveniente que incluyéramos en los planes mecanismos y previsiones de evaluación sobre quiénes acaban siendo beneficiarios, en qué lugares y en qué condiciones.

En plena confusión política y con el personal muy desconfiado, no hay quien pueda con la lógica de más vale cheque en mano que derecho volando. Pero estamos ya comprobando que ese tipo de medidas, por populares que resulten, acaban descapitalizando al Estado, generan una lógica de clientelismo evidente y desresponsabilizan a propios y extraños. No deja de ser una buena demostración del sentido de impotencia de algunos políticos con relación a su capacidad de implicar, convencer y representar. Y por ello la política de cheque agrada a muchos políticos de ideologías aparentemente bien distintas. Si la legitimidad del día electoral tiene fecha de caducidad, quizá el cheque durará un poco más. Prefieren estar presentes a representar. Prefieren dirigirse a cada potencial usuario del cheque, conectar directamente con él o ella, antes que potenciar un sentido de proyecto común, de narración colectiva expresada en derechos, deberes y responsabilidades compartidas. Toma el cheque y corre. Pero recuerda quién te lo ha dado. ¿Se acordarán si los cheques ya no pueden seguir fluyendo?

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.