El Consell acepta el pacto del agua si no excluye el trasvase del Ebro

La confrontación con el Gobierno se reduce, pese a las exigencias

El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, José Ramón García Antón, y el de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, coincidieron ayer en señalar en Alicante su disposición favorable a colaborar con el Gobierno de Zapatero para alcanzar un pacto del agua, siempre y cuando no se deje fuera de la solución "ni el Ebro, ni el Júcar, ni el Tajo".

Las palabras de García Antón están lejos de las arengas para ir a la Moncloa

El Gobierno había anunciado el lunes que para hacer frente a la sequía no se descartaba ninguna medida, incluidos los trasvases, con la excepción del Ebro. Esta exclusión hizo que García Antón recuperara ayer el lenguaje de la confrontación con el PSOE, tan grato al Consell. "Intolerable", clamó el consejero, "si no somos capaces de sentarnos para hablar de todo [trasvase del Ebro] es que no quieren llegar a ningún pacto".

Pero entre las grandes palabras del consejero valenciano se coló una reflexión de su compañero murciano. Antonio Cerdá dijo que, primero, había que dejar el asunto en manos de los técnicos y "después que decidan los políticos". Una opinión que va justo en la dirección contraria de lo que se ha hecho siempre en la Comunidad Valenciana, donde el agua ha sido la punta de lanza de la política del presidente Francisco Camps, justificada a posteriori con informes de algunos técnicos. La fortaleza de las palabras de García Antón, aún siendo contundentes, queda lejos de las arengas que llamaban a movilizarse frente a la Moncloa que realizó apenas hace menos de un mes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en Orihuela durante la constitución de la plataforma de Alcaldes por el agua del PP.

El Consell, durante ese breve espacio de tiempo, ha ido modulando su discurso y ajustándolo más al enunciado de su programa electoral, en el que no se hace ninguna referencia explícita al trasvase del Ebro. El Gobierno ha hecho otro tanto: reducir la crispación, trabajar para concluir las obras de la desalinizadora de Torrevieja y tender puentes con la Generalitat, como se comprobó durante la reciente visita del secretario de Estado de Medio Ambiente, Josep Puxeu. En este clima, hasta García Antón dejó caer ayer que el PP "quizás no lo ha hecho del todo bien" por lo que habrá que trabajar con Castilla-La Mancha y Aragón para "que el diálogo sea más fluido".El acuerdo de los regantes de Villena de vender a la multinacional Danone agua de sus acuíferos para embotellarla no ha sido bien acogido por el Gobierno. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha contestado por carta al Gobierno de Castilla-La Mancha informándole de que no han autorizado la operación y advirtiendo de que "si se pidiera, no se autorizará" el correspondiente cambio de uso, ya que ese agua es agrícola y debería considerarse para el consumo.

El portavoz del Grupo Socialista en Toledo, Santiago Moreno, a raíz de esta contestación, tildó de "ilegal" este proceso, que podría conllevar la apertura de un expediente en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha se personaría. "La ministra nos da la razón, se trata de un negocio ilícito, que merece un reproche legal y en ningún caso será autorizado", dijo Moreno. Los regantes de Villena, liderados por Andrés Martínez, activista en las protestas a favor del trasvase del Ebro y contra el Gobierno de Zapatero, acordaron vender 700 millones de litros de agua al año a cambio de 245.000 euros. En la operación los regantes se comprometen a dejar en barbecho 200 hectáreas de regadío, con lo que se conseguiría un ahorro de 0,7 hectómetros cúbicos. La versión de la postura de la ministra fue matizada ayer por la tarde. Fuentes del ministerio explicaron a Europa Press que Espinosa "no prejuzga" la instalación de la planta embotelladora, aunque estima que "en principio sería contraria a los objetivos del trasvase del Júcar-Vinalopó". Para su autorización se tendría que "proponer una reducción muy superior a las extracciones del acuífero que se pretende modificar".

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El ministerio recuerda que tras la declaración de agua mineral para embotellado, que es competencia de la Generalitat, los regantes de Villena deben "dar de baja de su concesión actual una superficie de riego equivalente al volumen detraído para la planta embotelladora", y el cambio de uso del agua se deberá someter a exposición pública.

La Comisaría de Aguas, según la misiva de la ministra, envió el 12 de mayo pasado un escrito a los regantes "advirtiéndoles de la necesidad de tramitar el expediente de modificación" del uso del agua de este acuífero. El ministerio recalca la situación de "sobreexplotación elevada" de los acuíferos de esta zona que gracias al futuro trasvase Júcar-Vinalopó serán recargados.

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