El Gobierno arranca al ralentí

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha iniciado su segunda legislatura al ralentí, sobre todo si se compara con la primera, en la que nada más llegar el presidente a La Moncloa tomó medidas espectaculares, como la retirada de las tropas españolas de Irak. El inicio de esta legislatura, marcada por la desaceleración económica y la crisis interna del PP, está repercutiendo en el ritmo, más lento, de las decisiones gubernamentales.

La principal iniciativa ha sido el plan para reactivar la economía

La creación y reestructuración de ministerios retrasa la actividad ejecutiva

Hace cuatro años, el Gobierno adoptó en sus primeros 80 días medidas de envergadura, como la aprobación del borrador de la Ley Integral contra la Violencia de Género, paralizó el trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional y anunció la construcción de 20 desaladoras. Además, paralizó la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, aumentó en 36 millones de euros la dotación para becas y subió el salario mínimo interprofesional de 460 a 490 euros.

Aquel inicio vertiginoso contrasta con los primeros 80 días de esta segunda legislatura en que las medidas de mayor alcance se han limitado al plan de choque del vicepresidente económico, Pedro Solbes, para reactivar la economía. Esas medidas incluyen la rebaja de 400 euros anuales del IRPF por contribuyente y la aceleración de las licitaciones de obras de infraestructura del Ministerio de Fomento, orientada a paliar el desempleo.

La explicación más inmediata de esta diferencia radica en que el Ejecutivo de Zapatero irrumpió, en 2004, después de estar los socialistas ocho años en la oposición, lo que le obligó a tomar "medidas urgentes para enderezar la situación", según fuentes gubernamentales. Éstas resaltan también el impacto que tuvo la implantación de la paridad en el Gobierno de la nación.

Otros dos factores clave en el inicio al ralentí de la actividad gubernamental en esta legislatura radican en la desaceleración económica y en la crisis del PP. El Ejecutivo ha adoptado algunas medidas para afrontar la reducción del crecimiento pero quedan pendientes nuevas decisiones, en función de la evolución de la situación económica internacional.

Este compás de espera afecta a la orientación de la política económica española y a los plazos de los compromisos sociales del presidente del Gobierno. Ayer, en una entrevista en la Cadena SER, Zapatero insistió en que la desaceleración no afectará a la subida de las pensiones mínimas, a la protección al desempleo, a las ayudas a la vivienda, al aumento de las becas y al desarrollo de la Ley de Dependencia. "Siendo como es firme el compromiso del presidente en materia social, lo que pueden variar son los plazos en el cumplimiento de algunas medidas, cuyo horizonte es de cuatro años", precisan fuentes gubernamentales. La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado en los próximos meses marcará las pautas del cumplimiento de los compromisos sociales del Gobierno.

Otro factor importante que incide en el lento arranque de esta legislatura es la crisis del PP, porque afecta, entre otras, a una cuestión de primer orden como es la renovación de altos órganos judiciales y del gobierno de los jueces -Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial- y el pacto para la modernización de la Justicia. Estas prioridades están vinculadas al acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, que no podrá consumarse hasta que los populares resuelvan su crisis en el congreso que celebrarán a finales de este mes.

Tampoco es un asunto menor la importante reestructuración de carteras ministeriales emprendida por el Gobierno tras las últimas elecciones y que afecta a áreas sensibles, a las que Zapatero concede mucha importancia, como ciencia e innovación, igualdad, educación y trabajo e inmigración. Ciencia e Innovación ha acogido competencias procedentes del área de Educación. Este último ministerio ha asumido competencias procedentes de Trabajo y Sanidad. Trabajo, a su vez, ha acogido el área de inmigración e Igualdad es un ministerio totalmente nuevo. "Todos estos cambios suponen una reestructuración interna en los ministerios y su adaptación está repercutiendo en su puesta en marcha", admiten fuentes gubernamentales.

Altos cargos del Ejecutivo aseguran que éste dedicará más tiempo a la gestión que en la legislatura pasada, en la que envió a las Cortes numerosas leyes para ejecutar su política reformista. "El desarrollo de la importante legislación que el Gobierno elaboró en la anterior legislatura será otra de las tareas que condicionarán la nueva etapa del Ejecutivo", añaden las fuentes gubernamentales.