El fiscal pide cinco años a un general por el 'caso Yak'

Cinco años de prisión puede costarle al general de división Vicente Navarro y cuatro años y medio al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez la falsificación de las identidades de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, del que acaban de cumplirse cinco años.

Ésa es la pena que pide para ellos el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos, quien les acusa de un delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario en el ejercicio de sus funciones. El fiscal reclama además, cinco años de inhabilitación especial y 60.000 euros de multa para Navarro y cuatro años y 24.000 euros para sus dos subordinados.

Finalmente, pide una indemnización de 25.000 euros por daños morales para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 fallecidos cuyos cadáveres tuvieron que ser exhumados y vueltos a inhumar -si es que no habían sido ya incinerados- 18 meses después del siniestro. El Estado deberá responder como responsable civil subsidiario en caso de insolvencia.

Las pruebas de ADN demostraron lo que desde el principio se sospechaba: que las víctimas de la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz fueron enterradas de forma precipitada para echar tierra sobre el escándalo.

Según el escrito del fiscal, el general médico Navarro atribuyó de formar caprichosa y aleatoria nombres a los 30 cadáveres sin identificar, con tan mala fortuna que erró en todos los casos, y los dos oficiales a sus órdenes, también facultativos, se basaron en esa lista aleatoria para elaborar los informes de necropsia.

El escrito del fiscal, junto a los de las demás partes personadas en la causa, es el paso previo para el juicio oral que, según fuentes jurídicas, podría celebrarse después del verano.

El juez Fernando Grande-Marlaska archivó la causa el pasado 22 de noviembre, por considerar que la falsaria atribución de identidades a cada una de las víctimas resultaba inocua, pues todas habían muerto por la misma causa. Sin embargo, en abril pasado, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ordenó reabrir la investigación, aunque dejó al margen al teniente general José Antonio Beltrán Doña, que se encargó de coordinar la repatriación de los cuerpos.

Si prospera la petición del fiscal, Beltrán deberá declarar como testigo en el juicio, al igual que los dos sanitarios que acompañaron a los mandos militares y el comandante jurídico que asesoró en los trámites burocráticos. También declararán como peritos los expertos del Instituto de Toxicología que realizaron las pruebas de ADN.

La causa por la falsa identificación de los cadáveres no es la única que se sigue por el caso Yak-42. El juez Marlaska instruye otro procedimiento por las irregularidades que rodearon la contratación del avión ucranio. En este caso, están imputados el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Luis Ibarreta, así como otros tres militares de menor rango.

Medalla de plata

Por otra parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre (PP), decidió ayer otorgar la medalla de plata al mérito ciudadano a 21 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, que nacieron o residían en esa región, según informó el vicepresidente del Ejecutivo autónomo, Ignacio González.

La medalla otorgada no es la de oro, máxima condecoración que concede la Comunidad de Madrid, porque el fallecimiento se produjo in itínere, cuando los militares regresaban a España tras cumplir su misión en Afganistán, según argumentó el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados. Éste agregó que el reconocimiento máximo está reservado para quienes mueren en acto de servicio. Como ejemplo, recordó que los dos guardias civiles asesinados por ETA en Francia, Raúl Centeno y Fernando Trapero, recibieron la medalla de oro a título póstumo. La diferencia entre ambas se refleja también en la dotación económica: 60.000 euros para la de oro y 30.000 para la de plata.

La concesión de estas medallas fue un compromiso que adquirió Esperanza Aguirre en el pleno de la Asamblea regional del pasado 20 de diciembre, a instancias del PSOE y tras reiteradas quejas de trato discriminatorio por parte de los familiares de las víctimas.