El fiscal pide la nulidad de la nacionalización de saharauis en Córdoba

El juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, anunció ayer el próximo recurso de la Fiscalía a los alrededor de 800 expedientes de nacionalización de personas nacidas antes de 1976 en la que fuera colonia española del Sáhara Occidental resueltos en los tres últimos meses por el Registro Civil cordobés. "La Fiscalía de Córdoba, en unión del Fiscal General del Estado, tiene intención de recurrir todos y cada uno de los expedientes de consolidación de nacionalidad española" al considerar que no se han tramitado correctamente, afirmó Rabasa.

No se habían puesto pegas hasta ahora a los autos de consolidación de la nacionalidad española. Este registro ha actuado basándose en dos sentencias del Tribunal Supremo. Una de 1998 en la que se reconocía la nacionalidad española a un saharaui y otra de 2007 que concedió a una mujer del Sáhara su condición de apátrida.

Pero, según indicó ayer Rabasa en declaraciones a Europa Press, el proceso se ha llevado a cabo de forma ilícita porque los autos no se han inscrito en el Registro Central sino en el de Córdoba. Además, el juez decano sostuvo que estos ciudadanos "no están residiendo en España, la mayoría de ellos nunca han tenido la nacionalidad española y por tanto no se trata de una consolidación de lo que nunca han tenido, sino que, en su caso, podrían optar a través de otro tipo de expediente, que no se corresponde en absoluto con lo que está sucediendo en Córdoba". Rabasa también señaló que la Dirección General de los Registros, dependiente del Ministerio de Justicia, "tiene la intención de revocar todas las resoluciones de concesión de nacionalidad".

Un centenar de DNI

Todos los expedientes han ido pasando hasta ahora por la Fiscalía cordobesa sin que se pusieran pegas a la tramitación. La oficina del DNI en la ciudad había expedido a principios de mes un centenar de nuevos documentos de identidad a ciudadanos nacidos en el antiguo Sáhara Occidental. Rabasa indicó ayer que la intención ahora es cortar de raíz esta situación ya que "se puede generar un problema de orden público importante, ya que no sólo está llegando gente de fuera de Córdoba, como Canarias o Valencia, sino que también vienen desde el extranjero".