Sólo el PP avala los gastos del Gobierno en 2004

Socialistas y nacionalistas se abstuvieron ayer en el Parlamento para facilitar la aprobación del informe del Consello de Contas sobre la contabilidad de la Xunta en 2004 y mostrar, al mismo tiempo, su disconformidad con la gestión de los fondos públicos llevada a cabo ese año por el Gobierno del PP. Las cuentas de la Xunta fueron finalmente aprobadas, pero exclusivamente con los votos de la oposición. Del mismo informe del Consello de Contas forma parte la fiscalización de la Cidade da Cultura (que dio pie el año pasado a una investigación parlamentaria que ahora está en manos de los tribunales).

Los tres grupos sí respaldaron por unanimidad cuatro propuestas de resolución. Las dos primeras instan a la Xunta a avanzar en la aplicación de indicadores para el seguimiento de los programas presupuestarios de gasto y a cumplir todas las recomendaciones del Consello. La tercera propone al Gobierno que colabore con la administración local, a través de la Fegamp, para mejorar su rendición de cuentas y la última hace referencia a la necesidad de mejorar la formación del personal al servicio de la administración pública.

Protección del paisaje

En la misma sesión parlamentaria el pleno certificó la admisión a trámite del proyecto de Ley de Protección del Paisaje elaborado por la Consellería de Medio Ambiente. El titular de este departamento, Manuel Vázquez, defendió la conveniencia de aprobar la ley para promover la necesidad de preservar el paisaje y ofreció al PP la posibilidad de negociar acuerdos que mejoren el texto. Vázquez subrayó la necesidad de aprobar una norma "que se pueda cumplir", a diferencia de gran parte de la legislación ambiental aprobada en los últimos años.

El portavoz del PP, Jaime Castiñeira, acudió a un informa del Consello Económico e Social (CES) para tratar de desacreditar la propuesta del gobierno y solicitar su devolución. La oposición considera la ley "un instrumento de control" de los vecinos y una fuentes de nuevos impuestos. Castiñeira descalificó el proyecto por considerarlo una "mala copia" de la vigente ley catalana de protección del paisaje (Cataluña es, con la Comunidad Valenciana, el único territorio que ha aplicado a su legislación el Convenio Europeo de Protección del Paisaje) y condicionó cualquier apoyo parlamentario a que se compense a los vecinos de las áreas protegidas.