CiU cifra en 8.000 millones extra la nueva financiación

Convergència i Unió (CiU) debía demostrar públicamente su unidad frente a la negociación del nuevo sistema de financiación después de que la pasada semana el democristiano Josep Antoni Duran Lleida y el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol se alinearan con el actual presidente autonómico, José Montilla, en su órdago al Gobierno central. Los nacionalistas pretendieron demostrar ayer que, al contrario que al Partido Popular o al tripartito, a ellos no les afecta la epidemia de las disensiones internas y que van todos a una.

Mas pide unidad al tripartito en las negociaciones con el Gobierno

El convergente Artur Mas y Josep Antoni Duran eligieron un salón del Parlament y la compañía de todos los cargos electos de CiU, incluidos los ex consejeros de Economía de la Generalitat, para presentar su propuesta de financiación autonómica. No fue ni ingeniosa ni novedosa. Mas y Duran se limitaron a proclamar que el nuevo modelo debe cumplir a pies juntillas lo que estipula el Estatuto. El problema llegó después, cuando el convergente quiso cuantificarlo: 5.230 millones de euros adicionales correspondientes a la cesión de impuestos y 2.944 millones del fondo de suficiencia. El Departamento de Economía cuestionó los datos por "irreales".

Esta es la cantidad mínima que el Gobierno catalán debe obtener de la Administración central con el nuevo sistema y la que inclinará a CiU entre el apoyo o la censura a Montilla. "Ahora no estamos en el punto de la negociación, en el que todos pueden ceder, sino en el de aplicar una ley de obligado cumplimiento por las partes", advirtió el líder de Convergència.

El monto económico apareció como la primera condición. En la segunda, Mas reclamó al presidente de la Generalitat que mantenga la cohesión interna entre las formaciones del tripartito, la misma unidad que CiU intentó exhibir ayer. Los nacionalistas opinan que si el tripartito aprueba el nuevo modelo, ni el Partit dels Socialistes, ni Esquerra Republicana (ERC), ni Iniciativa deben luego ponerle peros durante su ratificación en el Congreso. El resto de los puntos para el acuerdo son los que figuran en el Estatuto: preeminencia frente a la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca); negociación bilateral con el Gobierno central incluso para fijar el monto de solidaridad interterritorial, y amplia capacidad normativa en materia impositiva.

Para no dar lugar a engaños, Mas precisó que en ningún caso la aceptación de este modelo supone colmar las aspiraciones de CiU, sino que la federación aspira a disfrutar algún día de los beneficios del concierto económico. Hasta entonces, Duran Lleida dijo sentirse satisfecho si con el sistema se consigue reducir el déficit fiscal de Cataluña, que cifró entre el 7% y el 10% del producto interior bruto autonómico.

CiU no aclaró ayer de dónde salen sus números. En cualquier caso, las sumas de los nacionalistas no cuadran con las que ha realizado el Departamento de Economía. El secretario general de esta cartera, el socialista Martí Carnicer, dijo que la propuesta de los convergentes excede el Estatuto y que, recordó, "marca que Cataluña contribuirá a la solidaridad [interterritorial]. "Es totalmente irreal y pensada más en los intereses del partido que en los del país", criticó. Además, agregó que todos los sistemas de financiación acordados hasta ahora han supuesto un incremento sustancial de los ingresos -sobre todo procedentes de la cesta de impuestos-, pero, al mismo tiempo, una reducción de los fondos de suficiencia. Así, en 2002, Cataluña perdió por este último concepto 3.684 millones de euros.

Carnicer coincidió con CiU en que la cesión del IRPF (50%), del IVA (50%) e impuestos especiales (58%) dotarán a la Generalitat de 5.131 millones de euros suplementarios. Carnicer expondrá sus criterios hoy mismo a CiU en la primera reunión oficial para abordar el nuevo sistema de financiación.

ERC también se unió a las críticas. El diputado Joan Ridao tildó a los nacionalistas de "indocumentados". El PP reclamó que no se apliquen los criterios del Estatuto hasta que el Constitucional resuelva el recurso.