Los trabajadores se rebelan ante el recorte a la vida de Fertiberia

Los trabajadores de Fertiberia dejaron claro ayer que van a luchar para que sus empleos duren todo lo que sea posible. La plantilla de la empresa y de las otras dos que también vierten sus residuos en las balsas de fosfoyesos situadas en la entrada de Huelva, Foret y Nilefos, bloquearon ayer la avenida Francisco Montenegro como protesta ante lo que consideran el deseo del Gobierno central de recortar un año en la vida de sus puestos de trabajo.

Los sindicatos afirman que se acordó entre Gobierno, empresa, Junta y trabajadores el año 2012 como fecha para cesar los vertidos. Ello suponía un margen de un año más sobre el calendario fijado por Costas tras la sentencia de la Audiencia Nacional del verano. No obstante, la semana pasada se conoció un escrito de Costas en el que se volvía a fijar 2011 como fecha límite.

La carta de Costas irritó a los trabajadores en la misma medida en que incomodó a la Junta de Andalucía. El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, no quiso ayer dar fechas concretas. "Lo que pretende la Junta con Fertiberia es que la sentencia se ejecute pero de forma racional, teniendo en cuenta la situación económica, social y ambiental", afirmó.

La titularidad de esos terrenos es pública y Fertiberia los utiliza como depósito de sus residuos desde finales de los sesenta, gracias a una concesión administrativa. Pero el pasado julio, un sentencia de la Audiencia Nacional declaraba extinguida la licencia por ir en contra de la Ley de Costas de 1988. Durante un año se ha desarrollado una ardua negociación entre Gobierno, Fertiberia, Junta y sindicatos para marcar una fecha en la que dejen de depositarse los residuos industriales y se recuperen medioambientalmente las 1.200 hectáreas en las que se acumulan unos 70 millones de toneladas de fosfoyesos -que tienen un componente radiactivo-. Fertiberia sostiene que ese momento significará cerrar la planta que da trabajo a 750 personas. Posteriormente, el Gobierno abrió una puerta a la prórroga si la empresa ofrecía razones técnicas y no sólo económicas. Pero en Costas se considera que sólo se han ofrecido razones económicas, que implican además un aumento de la actividad de la planta y, por tanto, de los vertidos, algo contrario al espíritu de la sentencia judicial.