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El Gobierno regional se niega a asumir responsabilidades por el fraude en el Canal

Soledad Alcaide

El fraude detectado en la empresa Hispanagua, filial del Canal de Isabel II, puso ayer patas arriba el pleno de la Asamblea de Madrid. El cruce de acusaciones entre el vicepresidente Ignacio González, presidente del Canal, y el portavoz adjunto socialista, Andrés Rojo, encendió los escaños. González trató de desviar la atención acusando a Rojo de irregularidades, mientras éste, que las negó, le reprochaba no querer asumir responsabilidades.

González compareció para explicar el fraude detectado en Hispanagua, una trama que llevó ayer por la mañana al Canal a presentar una querella contra los trabajadores y las subcontratas implicadas. Según el vicepresidente, las irregularidades se apreciaron en el Departamento Comercial, donde se detectaron "incrementos en los importes facturados y facturación por trabajos duplicados". Eso llevó al Canal a suspender los contratos con dos empresas subcontratistas y a abrir un expediente disciplinario a los cabecillas de la trama, que culminó con su despido. Uno de ellos ha sido declarado improcedente por haber prescrito las razones de despido. "Hemos actuado con diligencia y rapidez", concluyó González.

Sin embargo, el socialista Rojo se encaró con él y le reprochó que no haya habido responsabilidades políticas. En su réplica, el vicepresidente anunció que no habría dimisiones. Después arremetió contra Rojo, al que acusó de ser apoderado de dos empresas subcontratadas por el Canal -Obras Hidráulicas SA y Rojo Construcciones- y que, por tanto, habría conocido el fraude y no lo habría denunciado. Estas acusaciones fueron desmentidas por Rojo, tanto en el pleno como en los pasillos, donde compareció ante los medios.

"El Canal oculta algo muy grave para actuar tan vilmente", afirmó Rojo, que aseguró haber dejado sus actividades privadas en 2000. En el Registro Mercantil figura su revocación como apoderado desde el 31 de octubre de 2003 en la empresa Construcciones Rojo, pero no aparece su revocación en Obras Hidráulicas, aunque Rojo asegura que debería aparecer a partir de 2007. El Registro aún no ha actualizado ese año.

Rojo es miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, y, por tanto, una figura sobre la que al PP le interesaba ayer desviar el foco de atención. Y lo logró.

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Sobre la firma

Soledad Alcaide
Defensora del Lector. Antes fue jefa de sección de Reportajes y Madrid (2021-2022), de Redes Sociales y Newsletters (2018-2021) y subdirectora de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS (2014-2018). Es licenciada en Derecho por la UAM y tiene un máster de Periodismo UAM-EL PAÍS y otro de Transformación Digital de ISDI Digital Talent. 

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