La defensa del Estatuto aumenta la conflictividad con el Gobierno

El Gobierno de la Generalitat ha aumentado en el último año la conflictividad con el Ejecutivo central -concepto que mide el número de impugnaciones de leyes o decretos estatales- para evitar que éste invada competencias incluidas en el nuevo Estatuto. No sólo hay conflicto cuando se presenta recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que los hay, sino también a un nivel menor, mediante otras figuras.

Crecen el número de impugnaciones a leyes estatales por invadir competencias

En concreto, desde marzo de 2007 la Generalitat ha planteado seis conflictos de competencia contra otros tantos decretos gubernamentales y ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Desde 2007 el Gobierno central mantiene siete recursos contra la Generalitat.

Datos del Departamento de Relaciones Institucionales señalan que actualmente hay vivos 35 conflictos de competencias entre el Gobierno central y la Generalitat, lo cual comprende la suma de conflictos presentados por unos y otros, mientras que quedan por resolver 32 recursos de inconstitucionalidad entre ambas administraciones.

Aunque no se computan como conflictividad entre administraciones, el elevado número de requerimientos planteados por el Gobierno catalán a normativas estatales (20 desde enero de 2007) da cuenta de la voluntad de éste de mantenerse firme en la defensa del Estatuto.

En cuanto a los conflictos de competencias planteados por la Generalitat, se han expuesto contra decretos relacionados con las becas, las enseñanzas universitarias oficiales, la formación profesional, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria.

El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, subrayó ayer que si ha aumentado el nivel de conflictividad entre el Ejecutivo y el Gobierno de la Generalitat es porque la Administración central "no respeta el Estatuto como debería hacerlo". De hecho, según Saura, algunos sectores de la Administración "ignoran lo que dice el Estatuto" o bien se muestran reticentes a su aplicación.

Saura dijo que confía en que la Administración vaya interiorizando poco a poco el nuevo Estatuto, que recuerda que es una ley orgánica que debe aplicarse, pero destacó que mientras tanto la Generalitat no puede quedarse "callada" ante una invasión de competencias.

Por este motivo, el Ejecutivo catalán no piensa ceder ninguna competencia ni en litigios como los que tiene sobre los catadores de aceite de oliva virgen. Saura sostiene que el Gobierno autónomo quiere reservarse la competencia de autorizar qué catadores pueden decidir sobre la exportación de aceite de oliva virgen, y por ello el Gobierno de la Generalitat ha planteado al Ejecutivo central una carta de cooperación en defensa de sus competencias.

La portavoz del PP, Carina Mejías, expuso que el Estatuto "tiene aspectos que han desbordado la Constitución", con lo que instó a paralizar su despliegue hasta que el TC emita sentencia ante los distintos recursos que se han presentado.