El Supremo permite a Los Charlines recuperar sus bienes si pagan las multas

"Una desgracia". Así calificó ayer un portavoz de la Audiencia Nacional el punto final al mayor proceso judicial contra el blanqueo de dinero del más poderoso clan de narcotraficantes gallegos. Éstos podrían recuperar todos los bienes que les fueron intervenidos en 1996, tras la detención de su patriarca, el histórico Manuel Charlín Gama, quien desde entonces sigue en prisión.

En plena fase de ejecución de la sentencia que elevó a firme el Tribunal Supremo en marzo del pasado año, a la Sección Tercera de la Audiencia Nacional no le queda otra salida que proceder a liquidar el importe de las multas e indemnizaciones por delitos fiscales a los siete integrantes del clan familiar y otros tantos colaboradores, que se elevan a 20 millones de euros. El alto tribunal había desestimado el decomiso para los bienes adquiridos por Los Charlines con anterioridad a 1990 y ahora se constata que son todos los que están afectados por la intervención y que en su día sirvieron como prueba material del delito de blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito del clan arousano.

La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional ya ha anunciado que estudia posibles medidas para impedir que Los Charlines, finalmente, recuperen este patrimonio. "Ha sido una investigación impecable, pero un fallo de interpretación provocó este giro inesperado contra el que no cabe recurso", comentaron.

El hecho de que el Supremo acordase el embargo y no el decomiso de los bienes supone que el Estado sólo podrá recuperarlos en el caso de que Los Charlines no puedan hacer frente al pago de las multas que establece la sentencia. Por el contrario, y de no haber revocado el fallo de 2002 de la Audiencia Nacional, el Estado, además de percibir las multas, se habría quedado con los bienes que pasarían, por la Ley del Fondo, al Plan Nacional sobre Drogas para venderlas mediante concurso público como ha sido el destino del Pazo de Baión, del que fuera gerente el traficante Laureano Oubiña.

La noticia ha trascendido un año después de conocerse la decisión del Supremo, cuando la Audiencia Nacional comenzó la fase de liquidación de la sentencia hace tres meses y analizar los bienes a los que podría aplicarse el decomiso. "Ni uno podemos salvar", admitieron con preocupación ayer fuentes judiciales de la Audiencia Nacional. "Los condenados tendrán que abonar el dinero de las multas y, si no lo tienen, la Hacienda Pública, como acreedora, procedería al embargo para vender el patrimonio o la parte de él necesaria para hacer frente a las cantidades exigidas, pero el resto habría que devolvérselo", precisaron.

Las mismas fuentes consultadas reconocen que el proceso de liquidación será tan largo y complejo como el que llevó a intervención de los bienes. La tasación actualizada de todo el patrimonio embargable puede que no se termine en lo que queda de año. Luego, las defensas podrían impugnar algunas decisiones de la liquidación.

Una frase decisiva

"Con dinero procedente, en todo o en parte, del tráfico de drogas, los acusados formaron un vasto patrimonio". En esta frase se apoyaron los abogados de Los Charlines para plantear que no todo procedía del narcotráfico. Así, el Supremo ciñe su interpretación a la expresión "en todo o en parte" para abrir esta brecha.

La Sala Segunda acordó anular la sentencia de la Audiencia Nacional en cuanto al decomiso de los bienes de Los Charlines "porque la sentencia es imprecisa en cuanto a sus afirmaciones relativas a la procedencia del dinero empleado en múltiples operaciones", que permitieron al grupo adquirir más de 30 propiedades en España y Portugal, 15 sociedades, empresas conserveras, nueve mejilloneras, lotería premiada y 44 cuentas bancarias, algunas localizadas en Marruecos, depósitos que aún están cuantificados en pesetas.

Respecto a la procedencia delictiva del dinero, el fallo dice "que no es necesaria una prueba directa (algo prácticamente imposible), siendo suficiente para condenar por esta clase de delitos la concurrencia del incremento inusual del patrimonio, la inexistencia de negocios lícitos que lo justifiquen y la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes".