El juez imputa al ex jefe de la cúpula militar y cinco mandos por el 'caso Yak'

Por vez primera en España, un ex jefe de la cúpula militar comparecerá como imputado ante el juez. Será el próximo 23 de junio, cuando acuda a declarar a la Audiencia Nacional el almirante general Antonio Moreno Barberá, jefe del Estado Mayor de la Defensa cuando se produjo el accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003. En la misma fecha está citado el teniente general Juan Luis Ibarreta, jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon) en aquella época.

Y al día siguiente deben acudir el vicealmirante José Antonio Martínez Sáinz-Rozas, ex jefe de la División de Operaciones del Emacon, el coronel Joaquín Yáñez González y el comandante Alfonso Elías Lorenzo Tabeada. Los dos últimos formaban parte del Grupo de Control del contrato firmado con la agencia NAMSA de la OTAN para el traslado de las tropas a Irak o Afganistán.

El juez imputa a todos ellos un delito de homicidio imprudente, que el Código Penal castiga con una pena de entre uno y cuatro años de prisión y hasta seis de inhabilitación. En realidad, sería un delito por cada uno de los 62 militares muertos.

El juez, que inicialmente archivó la causa y tuvo que reabrirla en enero por mandato de la Sala de lo Penal, hace suya la petición del fiscal, que el pasado lunes pidió la imputación de los citados mandos militares. En cambio, rechaza las restantes imputaciones solicitadas por las familias de las víctimas, incluida la del ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa.

Grande-Marlaska alega que ni Trillo ni los otros militares tenían la posición de "garantes" del cumplimiento del contrato con NAMSA. Para fundamentar la imputación, el juez recuerda que, según la comisión internacional de investigación, el accidente se debió a "la falta de preparación concreta" y de adiestramiento de la tripulación, así como a "la razonable fatiga, consecuencia de las horas y circunstancias de los vuelos".

Argumenta también que el homicidio imprudente requiere cuatro requisitos: la infracción del deber de cuidado, la existencia de resultado lesivo, la imputación objetiva del resultado a la falta de diligencia y la previsibilidad del resultado.

Estos requisitos se cumplirían por el acuerdo entre el Estado Mayor de la Defensa y NAMSA, que atribuía al primero el control de la aplicación del contrato e incluso el derecho a inspeccionar los aviones, lo que nunca hizo pese a las múltiples quejas de los militares.

Aunque la imputación se limita a los mandos militares, el juez deja abierta la posibilidad de "investigar el abono del precio y su destino efectivo", ya que al menos el 33% de los 149.000 euros que Defensa pagó por el alquiler del Yak-42 acabaron en bolsillos de intermediarios.

El juez aclara que si ha resuelto tan rápido, a las 24 horas de recibir el escrito del fiscal, es para evitar el riesgo de prescripción, ya que el próximo lunes se cumplen cinco años del siniestro. La asociación que representa a la mayoría de las familias anunció su voluntad de recurrir la no imputación de Trillo.

Además de esta causa, Grande-Marlaska instruye otro procedimiento por la falsaria identificación de 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos.