Vecinos del Turó de la Peira dicen que Regesa les fuerza a rehabilitar sus pisos sin motivo

Una docena de vecinos se ha constituido en un grupo denominado Plataforma SOS Turó de la Peira para denunciar que la Administración, a través de la empresa pública Regesa, les presiona para realizar una rehabilitación estructural de sus edificios por un problema de carbonatosis, patología del cemento que, sostienen, no pone en riesgo la seguridad de sus casas. Los pisos afectados son 1.500 repartidos en medio centenar de fincas donde viven unas 3.000 personas.

"El 37% del barrio está sufriendo este acoso", señalaron los portavoces de la plataforma, que no cuenta con el apoyo de la asociación de vecinos y que realizó su presentación en la parroquia de Sant Marcel, en el Guinardó. Las fincas afectadas, curiosamente, no padecieron la aluminosis cuando casi todas descubrieron esa grave patología en la década de 1990 y, en su inmensa mayoría, han sido reparadas. Su denuncia principal es que recelan profundamente de los informes de diagnóstico que elabora Regesa, tasados en 15.000 euros. En principio, esos estudios se subvencionan con fondos públicos pero, en el caso de que no se ejecuten, la Administración impone sanciones que pueden ascender a 3.000 euros.

"Los informes de Regesa contienen errores gravísimos como decir que un muro es de ladrillo cuando en realidad es de hormigón, recomendaciones de obras en las fachadas cuando se acaban de hacer o consejos sobre ascensores en casas en que no hay", dice la plataforma en su declaración de intenciones. La concejal de Nou Barris, Carmen Andrés, reconoció fallos en dos casos.

Emilia Estellés, una de las portavoces, aseguró que muchas rehabilitaciones de fincas están tasadas en un millón de euros y que cada vecino debería de desembolsar entre 25.000 y 30.000 euros, una suma imposible de asumir para muchos vecinos, que son jubilados, jóvenes o inmigrantes. Los afectados aseguran que no se niegan a realizar las reparaciones necesarias, pero sostienen que la carbonatosis no es letal, que está extendida en muchas zonas de Barcelona y que, encima, la garantía de la reforma solo dura 10 años. "¿Tendremos que estar toda la vida haciendo obras?", se quejó Maite Manresa, otra de las portavoces.

La plataforma carece de informes que contradigan los diagnósticos municipales. La mayoría de los vecinos son ahora propietarios, aunque la familia Sanahuja, constructora del barrio, mantiene la propiedad de muchos de los pisos. "Da la sensación de que quieren presionarnos para convertir esta zona en unos años en barrio de alto standing", dijo otro afectado.