Eficacia y transparencia

Los socialistas han puesto a punto el borrador de ponencia marco para su 37 congreso, previsto para el próximo mes de julio. A falta de las enmiendas que introduzcan las diversas instancias del partido, el texto presta una atención destacada a la reforma de la Administración, una idea repetida en diversas ocasiones por el presidente del Gobierno y destacados dirigentes socialistas. El deseo de reformar la Administración española obedece a una necesidad y, quizá por eso, se trata de una aspiración compartida por la mayor parte de los Ejecutivos desde los primeros tiempos del sistema constitucional, aunque siempre pospuesta. Pero conviene no ignorar que, desde 1978, la Administración ha sido objeto de diversas reformas parciales que han dejado una huella profunda en su estructura y funcionamiento. Baste pensar en la introducción del sistema autonómico, que ha tenido efecto tanto en la Administración central como sobre los poderes locales.

Una de las dificultades a las que se enfrenta el persistente deseo de reformar la Administración deriva de que no es posible detener la maquinaria para introducir los cambios. La sustitución de los organigramas y los procedimientos tiene que realizarse sin que se produzcan tiempos muertos y el riesgo de parálisis ha sido quizá el argumento de más peso para retrasar la decisión política. Además, ha sido frecuente confundir los proyectos de reforma de la Administración con la voluntad de establecer de golpe una nueva planta. El cambio viable sería el que se inspirase en la experiencia y no en hipótesis ideológicas acerca de cómo será el futuro, dando prioridad a aquellas áreas que se han revelado como un estorbo para la actividad de los administrados. El caso de algunas licencias relacionadas con el inicio de actividades económicas es el ejemplo más palpable de cómo la Administración puede obstaculizar a los particulares y a las empresas.

El borrador tiene la prudencia de concentrarse en un aumento de la transparencia y en el ámbito local. Son prioridades acertadas. Buena parte de los escándalos de corrupción de los últimos años se amparaban en la opacidad con la que se adoptan las resoluciones administrativas. A ello se unía un insostenible privilegio de la Administración, como es el de reservarse la decisión sobre el tipo de sanción que corresponde a las irregularidades detectadas en su interior: sólo llegan a los tribunales si es la propia Administración la que las encamina hasta ellos. La Administración local participa de las mismas deficiencias. Pero su situación se ha visto agravada por la penuria a la que los Presupuestos del Estado la han condenado durante años. Detrás de cada pelotazo urbanístico siempre ha habido un Ayuntamiento; pero un Ayuntamiento al que el Estado no prestaba la adecuada atención presupuestaria. Si esto es lo que se proponen arreglar los socialistas al comprometerse con la reforma de la Administración, será una buena noticia.