El Gobierno ve "muy grave" que le acusen de amparar torturas

El Gobierno negó ayer tajantemente que haya amparado las supuestas torturas a dos detenidos de la banda terrorista ETA, tal y como asegura una resolución aprobada el viernes por el Parlamento vasco. Mientras el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, protestaba porque en la resolución "se dicen cosas que no son ciertas y son muy graves", el consejero de Interior vasco, Javier Balza, afirmó que ese texto de la Cámara autonómica merece "todo el respeto" porque "expresa lo que piensa la mayoría de la sociedad vasca".

En declaraciones a los periodistas después de asistir a la presentación de las nuevas patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz, Rubalcaba indicó que las denuncias contra ocho guardias civiles por supuestas torturas a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, presuntos autores del atentado a la T-4 en Barajas, se está investigando en sede judicial.

El ministro explicó que en un Estado de derecho "no se ampara nada", y recordó que "todo el mundo sabe que ETA da instrucciones a sus militantes para que denuncien torturas inmediatamente después de ser detenidos". Aun conociendo esas instrucciones, subrayó, se investigan todas las denuncias, ya que "los primeros interesados en que esas investigaciones se lleven a cabo" son el Gobierno y la Guardia Civil, agregó Pérez Rubalcaba.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, también insistió en que la acusación "carece de todo fundamento". "El presidente del Gobierno ya lo dijo ayer: apoyamos el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Felizmente vivimos en un Estado de derecho que garantiza cualquier situación que se pueda producir al margen de la legalidad", concluyó.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sostuvo que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero "no debe recibir al lehendakari ante la ofensa que el Parlamento vasco ha perpetrado a los españoles y muy especialmente a la Guardia Civil".

Aguirre lamentó que "sólo 48 horas después de haber enterrado al último servidor público víctima de los terroristas de ETA", el Parlamento vasco decidió aprobar una moción condenando unas torturas "que, de ninguna manera, pueden considerarse en el fiel de la balanza con los asesinatos terroristas".