La Audiencia anula las escuchas al empresario del 'caso Camas'

El caso Camas, el presunto intento de soborno a la ex concejal de IU Carmen Lobo, sufrió ayer un terremoto que llena de incógnitas el futuro de la investigación judicial. La Audiencia de Sevilla anuló las escuchas realizadas por la policía, con orden judicial, al empresario Eusebio Gaviño, quien presuntamente intentó comprar a la ex edil para que aprobase una recalificación en el municipio sevillano.

Además de Gaviño, en el caso están imputados el ex alcalde de Camas Agustín Pavón (IU) y los ex concejales Antonio Enrique Fraile y Aureliano Lucas, del PP, y José del Castillo, del PA.

La Audiencia archiva las escuchas realizadas a Gaviño y todas las diligencias judiciales que se derivaron, directa o indirectamente, de estos pinchazos telefónicos. Esta decisión llena de incertidumbre el caso. A partir de ahora, el juez instructor tendrá que valorar qué decisiones tendrán que desaparecer de la investigación. La Audiencia, en este sentido, da alguna pista. Así, ordena que se devuelva todo el caso al instructor para que las partes "puedan modificar sus imputaciones" a raíz de la resolución que anula las escuchas.

La Audiencia, no obstante, se opone a archivar el caso en su totalidad ya que aún quedan las grabaciones realizadas por los denunciantes del caso y las declaraciones de la ex edil, pruebas que en opinión del tribunal no están contaminadas.

El auto de la Audiencia de Sevilla da un severo varapalo a la policía y al primer juez que instruyó el caso.La Audiencia recuerda que el caso comienza con la denuncia presentada por Francisco Javier Gordo, quien era militante de IU y se había enfrentado a Agustín Pavón. Gordo dijo a la policía que Gaviño quería comprar el voto de Carmen Lobo, que había abandonado el grupo municipal de IU también por discrepancias con Pavón, para que ésta aprobara una recalificación en un pleno.

El auto de la Audiencia recalca que la policía no realizó ninguna comprobación de los hechos denunciados por Gordo. "La policía no puso a disposición del juez aquellos elementos de juicio en virtud de los cuales la policía ha podido llegar, de forma no arbitraria, a la conclusión de la necesidad de implantar una medida tan grave como la injerencia en el ámbito de las comunicaciones telefónicas de algunas personas", razona el tribunal.

En este punto, los jueces subrayan que Gordo había sido condenado por estafa procesal y falsedad en documento privado, hechos que, en su opinión, deberían haber llevado a la policía a extremar sus comprobaciones. Además, ponen de manifiesto que Gordo estaba enemistado con Pavón después de que éste le expulsase de IU y del Ayuntamiento camero.

"La policía no ofreció ni un solo dato objetivo del que se pudiera inferir que ciertas personas están cometiendo o están próximas a cometer delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio y que suponen un cierto fundamento de investigación identificable", dicen los jueces.

La Audiencia transcribe el auto del juez que ordenó las escuchas a Gaviño y hace una crítica demoledora de esta decisión. "El magistrado de Guardia no contrastó los datos objetivos que tenía a su alcance para comprobar la veracidad de la denuncia" de Carmen Lobo, dice el tribunal.

También hace hincapié en que el magistrado "no ordenó a la policía que realizara" las comprobaciones necesarias, "no las efectuó el mismo, ni tomó declaración" ni a Gordo ni a Lobo.

El caso Camas salió a la luz el 14 de septiembre de 2005, cuando la policía detuvo a Eusebio Gaviño, Antonio Enrique Fraile y José del Castillo por el intento de soborno de Carmen Lobo. Posteriormente también fue detenido Pavón e imputado Aureliano Lucas. Entre las pruebas que quedan del caso, está el sobre con 12.000 euros que Gaviño entregó a Lobo en una taberna como parte del soborno. Esta entrega fue controlada por la policía.