El Parlamento respalda la reserva del 40% del suelo para vivienda protegida

La ley de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo pasó ayer su primer trámite parlamentario. Los votos de socialistas y nacionalistas se impusieron a la enmienda a la totalidad del PP contra la normativa, que elevará al 40% las reservas de suelo obligatorias para viviendas de protección oficial en los grandes ayuntamientos. El proyecto no lo presentó la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, sino la de Política Territorial, María José Caride, de cuyo departamento depende la ley autonómica de suelo de 2002, que la nueva norma modificará. Caride aseguró que la ley permitirá duplicar el número de viviendas protegidas que se construyen en Galicia. Según el PP, en cambio, sólo incrementará el precio de los pisos.

Caride asegura que se duplicará el número de pisos de protección oficial

Las reservas pasarán del 20% al 40% en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, mientras que el porcentaje será del 30% en los de menor tamaño, que se reducirá al 20% si demuestran documentalmente que no existe suficiente demanda de vivienda protegida. Los municipios con menos de 5.000 habitantes podrán quedar exentos, si sus planes generales prevén un crecimiento igual o menor a cinco viviendas por cada 1.000 habitantes y año. La ley obligará a los promotores a ceder a la Xunta al menos el 5% de la superficie total, para destinarla a viviendas de promoción en alquiler, y a construir acompasadamente los pisos libres y los protegidos.

Con todo ello, la Xunta pretende frenar una escalada de precios que en Galicia ha sido del 144% en diez años, un dato que "pone en cuestión el modelo del liberalismo implantado por el PP, porque el mercado por sí solo no puede introducir equilibrio", declaró la conselleira de Política Territorial. La aprobación de la ley, agregó Caride, supone "un paso muy importante para que todos los gallegos puedan tener las mismas oportunidades para formar un hogar". "Estamos velando por el interés general frente a los intereses de unos pocos", recalcó.

La diputada del PP Pilar Rojo atacó el proyecto más por la forma que por el fondo. Así, situó su elaboración en un contexto de conflicto entre Vivenda y Política Territorial, y acusó a esta última de "dejarse invadir competencias". "Éste es un texto que elaboró Vivienda sin el apoyo inicial de Política Territorial", cuya titular "acabó aceptándolo e incluso lo presenta ante el Parlamento", apuntó. Rojo consideró la ley "el segundo gol que le mete después de la ley del litoral". Y añadió: "Vivenda vuelve a invadir competencias en urbanismo; así es como se hace política en este país".

Respecto al contendido de la nueva ley, señaló que le recuerda a "tiempos pretéritos" de "intervencionismo y de viviendas sindicales". Censuró Rojo que la norma no distinga entre ayuntamientos costeros y del interior o entre urbanos y rurales, o que no tenga en cuenta el registro de demandantes de vivienda protegida elaborado por la Consellería de Vivenda. Según el PP, más que una ley es un "apaño" contraproducente: en vez de incidir en una bajada de precios, éstos subirán "exponencialmente". "La ley influirá negativamente en la actividad económica de un sector básico en momentos de crisis importantes, y sus consecuencias son desconocidas", vaticinó Rojo.

Los grupos parlamentarios de BNG y PSOE salieron en defensa del proyecto conjunto de Caride y Táboas, que contrapusieron con las medidas liberalizadoras del suelo promovidas por el Partido Popular. Lejos de admitir las diferencias de criterio que denunció la diputada Pilar Rojo, la nacionalista Carme da Silva consideró la ley "un ejemplo" de la capacidad del Gobierno bipartito para adoptar decisiones "fruto del diálogo". Pablo López Vidal, del PSOE, culpó a los populares de que en los últimos años sólo el 9,5% de la vivienda que se construye en Galicia sea protegida, dos puntos menos que la media estatal.