CiU atribuye los retrasos en la línea 9 a un mal uso de las tuneladoras
Los retrasos de la línea 9 no se deben al proyecto de CiU, sino al mal uso que hace el Departamento de Política Territorial de las tuneladoras. Ésa es al menos la tesis que sostiene el diputado convergente en el Parlament Josep Rull. A finales de 2004, el tripartito encargó una auditoría sobre las obras de la línea.
En ella, explica Rull, se pudieron detectar fallos, pero a partir de ahí "los cambios en las fechas previstas y los aumentos de precio son cosas de las que debe responder el que los propone y, tras la auditoría, los cambios y retrasos son responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Generalitat", dijo Rull.
El diputado nacionalista catalán había preguntado al Gobierno en días anteriores por los retrasos en las obras de la línea y la respuesta, recibida hace unos días, señala que hay nuevos retrasos en el inicio del servicio. El consejero Joaquim Nadal sostiene en la respuesta parlamentaria que el primer tramo, entre las estaciones de Can Zam (en Santa Coloma de Gramenet) y Can Peixauet entrará en servicio en septiembre de 2009, lo que supone un retraso de un trimestre más sobre las últimas previsiones, pero de cinco años sobre las previsiones iniciales, en el momento de la adjudicación por CiU.
Los diputados de CiU se interesaron por la auditoría sobre la línea pero sólo pudieron "verla", explicó Rull. "Fuimos Pere Macias y yo y tomamos algunas notas, pero no nos dejaron hacer copias del texto. En aquel momento, principios de 2005, las previsiones del Gobierno catalán eran dobles", siguió explicando Rull, "desde el pesimismo, se hablaba de poner en marcha el tramo de Can Zam en el segundo trimestre de 2007, pero una previsión optimista era la de hacerlo en el primer trimestre de ese año. Ahora se habla de finales de 2009, para Can Zam; de diciembre de 2009, hasta Bon Pastor y de marzo de 2010 hasta Sagrera".
En opinión de Rull, el motivo no es el proyecto heredado de CiU, sino "la especial ineficacia de este gobierno en materia de obras públicas" que le ha llevado a hacer un uso "bastante lamentable" de las tuneladoras, "algunas de las cuales han estado hasta meses paradas". Respecto al precio, la auditoría hablaba de entre 3.494 millones y 3.745 millones. "El Gobierno sabrá por qué se ha llegado a los 6.500 millones", concluyó.
