Jiménez retrasaba la entrega al juzgado de las denuncias policiales
El Tribunal Superior de Madrid le condenó por cuatro faltas graves en 2002
Las supuestas irregularidades que cometía el jefe de la Policía Local de Coslada (83.200 habitantes) no son de ahora. Ginés Jiménez Buendía estuvo suspendido de empleo y sueldo diez meses y medio tras acumular varias faltas graves por diversos motivos, como instalar en su coche oficial un lector de discos compactos sustraído en un accidente de circulación, no permitir que los agentes tuvieran acceso a los partes oficiales y retrasar la entrega de diligencias al juzgado, o no dar las novedades de vestido de uniforme a sus superiores, como establece la norma. Jiménez recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia y consiguió que sólo fuera anulada una.
Los expedientes comenzaron cuando el socialista Juan Granados se incorporó al Ayuntamiento de Coslada, en 1999. El primer expediente por falta grave es por un supuesto caso de desobediencia hacia sus superiores, al no cumplir las órdenes que había recibido del alcalde, del concejal de Seguridad y del director de Servicios de esta área. Según este expediente, Jiménez no se presentaba a dar las novedades del servicio al director de Servicios, el capitán de la Guardia Civil Antonio Plana.
El segundo expediente fue por no ir de uniforme en el desempeño de su trabajo. En ese periodo también se le acusó de no saber dirigir la Policía Local, al no marcar los servicios necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y de desarrollar su trabajo "con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna".
Entre febrero de 1998 y el 10 de abril de 2000, Jiménez acumula un nuevo expediente, el cuarto, por otra falta grave, al no organizar el trabajo de manera que todos los policías locales de Coslada tuvieran acceso a los documentos y que las diligencias fueran transmitidas al juzgado a la mayor brevedad posible.
La quinta irregularidad fue que algunos vehículos policiales repostaron combustible con tarjetas de crédito asignadas a otros coches, cuando estaba prohibido por una orden interna. Esto hizo sospechar a la corporación que las tarjetas fueron utilizadas para llenar el depósito de coches particulares. Se detectó también que en el coche oficial del jefe fue instalado un equipo con lector y cargador de discos compactos. Supuestamente había sido conseguido en un accidente de circulación.
Todas estas faltas suponían una suspensión de empleo y sueldo durante 12 meses y medio, pero Jiménez llevó todas las decisiones ante el juzgado de lo contencioso-administrativo. Un posterior recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló sólo una de las cinco faltas graves. En concreto, los magistrados de la Sección Sexta, con su presidente, Jesús Cudero Blas, firmaron el 26 de junio de 2002 una sentencia en la que ratificaban todas las faltas, excepto la primera. Ésta fue impuesta por no dar las novedades a su superior jerárquico, el director de Servicios de Seguridad. El fallo constó de 28 folios, contra el que ya no cabía recurso.
Ginés Jiménez, sin embargo, llevó ante los tribunales las competencias del director de Servicios de Seguridad. El TSJM le dio la razón y matizó que algunas de las competencias correspondían directamente al jefe de la Policía Local. El cambio de partido en el poder, con la entrada en el PP en 2003, hizo que Jiménez no cumpliera los cuatro meses que tenía pendientes, según fuentes de CSI-CSIF. Desde entonces, este responsable policial no ha recibido ninguna otra sanción, pese a las quejas de abusos policiales que han sido presentadas por este sindicato y por otras formaciones, como Acción Republicana de Coslada (ARCO).
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