El peligro de acelerar

"Consenso y realismo" es la medicina que el pasado 30 de abril recetaba una comisión de expertos del Consejo Asesor del Euskera para enfocar la política lingüística en las próximas décadas, tras analizar la experiencia de los últimos 25 años. Es difícil no estar de acuerdo con los planteamientos de la ponencia base redactada por siete expertos. Su reflexión sobre lo conseguido en la recuperación del euskera a partir de la Ley de Normalización de 1982, sobre cuáles deben ser las líneas de actuación para el futuro y de qué tentaciones hay que evitar, a la luz de los errores observados en este cuarto de siglo, reúne mesura y lucidez. Seguramente, su apuesta por una política gradual y fundamentada en el acuerdo "social, político y cultural" no agradará a los talibanes de la lengua, pero el compromiso de cada uno de los ponentes con el euskera no hace sino reforzar la autoridad de su criterio.

Alguien debería decir al consejero de Educación que se lea la ponencia

Admitir que el uso social del euskera no guarda proporción con el extraordinario apoyo social y presupuestario que ha tenido no significa aceptar una derrota, sino situarse en el punto adecuado para aprender de las equivocaciones pasadas. Y en cualquier caso, ese reconocimiento debe ir precedido de la constatación de que, gracias al ingente esfuerzo realizado en este tiempo, tanto por los euskaldunes como, de forma muy especial, por los castellanohablantes, el euskera ha alcanzado una extensión y un desarrollo como nunca en su historia.

El dictamen de partida de la comisión designada por el Departamento de Cultura a través de la Viceconsejería de Política Lingüística está en sintonía con la reflexión que está realizando un sector del nacionalismo institucional sobre los límites del voluntarismo a la hora de torcer realidades sociales muy asentadas. Quizá por eso, llama la atención que ese enfoque y ese método no sea el adoptado por otro departamento del mismo Gobierno, el de Educación, para abordar una parte esencial de esa misma política lingüística, la que se refiere al papel del euskera en la enseñanza obligatoria.

La reforma de los modelos lingüísticos que prepara la consejería que dirige Tontxu Campos se sitúa ostentosamente al margen de las consideraciones de los expertos del Consejo Asesor del Euskera. Con el agravante de que ya se conoce el punto de llegada, pero se ignora qué personas y a partir de qué criterios han alcanzado tal conclusión. El andamiaje de la reforma parece reducirse a los insatisfactorios resultados obtenidos por los tres modelos ahora existentes en unas pruebas de conocimiento del euskera y a la arriesgada presunción de que el problema es resoluble convirtiendo al idioma minoritario en la lengua vehicular del sistema educativo. ¿Constituye la tarea fundamental de la escuela afirmar la recuperación del euskera? ¿Los objetivos de conocimiento lingüístico que se marquen deben ser los mismos para todos los centros y todos los alumnos, independientemente de la ubicación territorial de éstos y la lengua materna de aquéllos? Estas son algunas preguntas que cabe hacer sobre el asunto y que pueden dar lugar a múltiples respuestas. Sin embargo, no se sabe si se han planteado, porque se ignora qué comités y qué especialistas han participado en el diseño de una reforma que se anuncia para antes del verano, pero cuya deliberación pública ha sido prácticamente inexistente, como sucediera con el discutido currículum vasco.

De este modo, mientras los responsables de algunas ikastolas se cuestionan porqué alumnos que realizan toda la actividad académica en euskera y conocen bien este idioma dejan de hablarlo en el recreo y fuera del centro -les podrían responder los colegios que enseñan en inglés o francés a niños que no tienen esos idiomas como lengua materna-, el Departamento de Educación se dispone a fijar por ley las cotas de conocimiento de euskera que habrán de alcanzar todos y cada uno de los alumnos al concluir la enseñanza obligatoria. Como se supone que los departamentos de Educación y de Cultura forman parte del mismo Ejecutivo y sus titulares, aunque de partidos distintos, comparten cada semana mesa en el Consejo de Gobierno, alguien debería decir a Tontxu Campos que se lea la ponencia del Consejo Asesor del Euskera. Y que tome en cuenta alguna de sus recomendaciones a la hora de redefinir el modelo lingüístico en la enseñanza. Especialmente, la búsqueda de un consenso suficiente con quienes van a ser los sujetos pacientes de la reforma, padres y profesores que son mayoritariamente castellanohablantes.

Todas las políticas compensatorias requieren un cierto nivel de coacción, pero su éxito no depende de la intensidad de la presión -deberían saberlo, por ejemplo, quienes padecieron la escuela franquista-, sino de que sean voluntariamente asumidas. Tener en cuenta este principio resulta fundamental para asegurar el camino emprendido en 1982 con la Ley de Normalización del Euskera, sin buscar atajos ni dar acelerones voluntaristas que crean dinámicas de resistencia y pueden arruinar el empeño.