Una iniciativa fuera de contexto

"¿Cómo es posible que el lehendakari Ibarretxe pretenda pactar con el presidente Zapatero nada menos que una propuesta sobre el futuro de Navarra dejando al margen a sus representantes?", decía ayer un destacado dirigente socialista vasco para reseñar el "disparate" de la propuesta de Ibarretxe. El lehendakari aborda cuestiones muy polémicas, como el futuro de Navarra, así como la identidad del País Vasco, apurando las posibilidades que otorga la Constitución. En el caso de Navarra propone una interpretación de la disposición transitoria cuarta que abre las puertas a las relaciones entre las comunidades vasca y navarra.

Vírgala: "El supuesto consenso nace de presupuestos nacionalistas"

Saiz: "Reconocer la identidad nacional del pueblo vasco sería posible"

Estas cuestiones se debatieron en las conversaciones de Loiola (Guipúzcoa) entre el PSE, PNV y la izquierda abertzale, en el contexto del proceso de paz, en octubre de 2006. Pero, como ayer recordaban los socialistas, no hubo acuerdo sobre tales propuestas por discrepancias entre los partidos y porque ETA forzó a la izquierda abertzale a romper las conversaciones. De haber avanzado el diálogo, hubiera dado lugar a una hoja de ruta propia que hubiera pasado por los Parlamentos vasco y navarro. "Lo que no podía pensarse nunca es que un borrador embrionario, en pleno proceso de paz, que no fue suscrito sea manipulado por el lehendakari para fines propios". Las pegas de los socialistas coinciden en gran parte con las de los expertos constitucionalistas. Éstos son los puntos de vista de algunos de ellos.

- Eduardo Vírgala (Universidad País Vasco).

"La propuesta reitera, con pequeñas modificaciones, la inconstitucional hoja de ruta que presentó el lehendakari el 28 de septiembre. No implica ninguna rectificación de sus puntos esenciales. Continúa usando, como si fuera un patrimonio compartido, un lenguaje que remite sólo a los postulados del nacionalismo. Exige la garantía de que la sociedad vasca pueda ejercer el derecho a decidir libremente su propio futuro como si no lo llevara haciendo desde 1978.

El supuesto consenso parte de presupuestos nacionalistas como la existencia de una Euskal Herria de siete territorios sólo dividida políticamente o la necesidad de forzar a Navarra a que, sin contar con sus representantes, acepte las tesis nacionalistas imponiéndole la oficialidad del euskara en todo su territorio y un órgano común con Euskadi".

- Alejandro Sáiz (Pompeu Fabra). "Sería posible el reconocimiento de la identidad nacional del pueblo vasco; ninguna novedad es el compromiso con la garantía de los derechos garantizados en el derecho internacional, en concreto en una serie de tratados ratificados por España. Lo mismo podría decirse del tratamiento de la política lingüística, del órgano vasco-navarro que se diseña en sus contenidos mínimos o de la creación de una euro-región en el marco del derecho europeo. Más dudas plantea la insistencia en el derecho de los vascos a decidir o el compromiso de respeto para las decisiones de la ciudadanía vasca con el que se pretende vincular al Estado.

Aunque no se refiere a la Constitución y al Estatuto, se manifiesta el sometimiento a 'las normas y procedimientos legales' para la adopción de estas decisiones, aunque se aclara que ambos podrán ser modificados en el futuro. El trámite propuesto hace posible una comprensión estrictamente constitucional: un primer referéndum que se intuye de tipo consultivo y una posterior consulta popular que refrendaría la plasmación normativa del acuerdo".

- Gerardo Ruiz (Universidad de Jaén). "Es incompatible con la Constitución. Se podría discutir sobre si el País Vasco es nación, pero no sería aceptable en ningún caso que esa definición tenga efectos jurídicos contrarios a la norma fundamental, en la que los principios de unidad e igualdad representan límites infranqueables para el soberanismo.

Cualquier propuesta de incorporación de Navarra al País Vasco tiene que respetar la Disposición Transitoria cuarta de la Constitución y en el Régimen Foral de esa Comunidad. Por lo tanto, la iniciativa y la decisión sobre esta integración no compete al País Vasco, sino al Estado y a Navarra. Finalmente, la convocatoria de un referéndum chocaría con el marco legislativo, que no contempla consultas populares con efectos vinculantes y sobre proyectos políticos autonómicos".