"No se puede hablar igual de la inmigración europea y subsahariana"

Rafael Blasco (Alzira, 1945) volvió la semana pasada a las portadas de los periódicos con su polémico compromiso de integración. Una iniciativa inspirada en el contrato para inmigrantes de Mariano Rajoy, por la que los extranjeros serán invitados a firmar un documento comprometiéndose a respetar las leyes y costumbres españolas y valencianas, pero que no tendrá consecuencias jurídicas. El plan recibió un aluvión de críticas, alguna desde su propio partido, y el consejero de Inmigración admite su parte de culpa: "Probablemente no acerté a explicarlo adecuadamente. Aunque algunos se han precipitado al opinar sin conocer su contenido".

Blasco está seguro, en cualquier caso, de haber "abierto un debate", de haber tocado una tecla (la de inmigrantes y costumbres de la sociedad de acogida) "que se corresponde con lo que piensa más del 80% de los valencianos y de los españoles".

"Probablemente no acerté a explicar adecuadamente nuestra iniciativa"

"Hemos abierto un debate que preocupa al 80% de los ciudadanos"

"El problema es que hay culturas que no respetan los derechos humanos"

Pregunta. Al margen del compromiso para inmigrantes, ¿hay alguna novedad en su ley de integración? Todas las prestaciones previstas (vivienda, educación...) parecen estar ya recogidas en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración que el Gobierno aprobó en 2007.

Respuesta. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a decir que el Gobierno ha aprobado un plan de Ciudadanía y Participación en un país donde según Comisiones Obreras hay un millón de personas indocumentadas? ¿Dónde están las prestaciones del Gobierno de España para estas personas a la hora de ofertarles cursos para conocer las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana? ¿Dónde están los cursos de formación encaminados a que los afectados por la crisis de la construcción encuentren trabajo en otros sectores? Aquí no ha llegado ni un euro de ese plan para estas cuestiones. Esta es una iniciativa singular, que no tiene precedentes en España e intenta buscar fórmulas de integración más allá de las ensayadas hasta ahora. Y que no cuestiona ningún derecho porque no son discutibles.

P. ¿Qué entiende usted por costumbres valencianas?

R. Las costumbres valencianas son aquellas que las personas normales de nuestro pueblo entiende por costumbres valencianas. Por ejemplo, la posibilidad de expresarse en valenciano y castellano. La posibilidad de saber que esta es una comunidad que tiene un Estatuto de Autonomía, un Parlamento propio, y que tiene una soberanía como pueblo propia. La necesidad de saber que tenemos unas costumbres, que están basadas en el respeto a los derechos humanos, en que la igualdad entre el hombre y la mujer es irrenunciable y en que el respeto a los derechos humanos es consustancial a nuestro modelo de convivencia.

Todo el mundo sabe que hay personas que vienen de culturas donde eso no se tiene tan claro. Nosotros queremos incentivar que, desde la voluntariedad de asumir este compromiso, se integren en el contexto económico, social y cultural, y tengan mejores opciones de participar en la vida pública.

P. La igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a los derechos humanos ya están recogidos en leyes, que son de obligado cumplimiento para extranjeros y para españoles.

R. Pero también hay una Declaración Universal de Derechos Humanos y eso no ha impedido que en España se volvieran a reafirmar con la Constitución. Buscamos fórmulas complementarias a las que existen para facilitar la integración. La inmigración está regida por una ley de Extranjería, no de Inmigración, que es del año 2000. Desde entonces todo ha cambiado sustancialmente. En la Comunidad Valenciana la presencia de extranjeros ha crecido más de un 360% en siete años.

P. El compromiso parece poner bajo sospecha la cultura del inmigrante. Parece partir de la idea de que sus costumbres, y por tanto ellos mismos, son un problema.

R. Esa interpretación es absolutamente falsa y capciosa. En el Reino Unido, a cualquier inmigrante se le hace un examen para que demuestre que tiene unos conocimientos sobre el inglés y algunas tradiciones inglesas. Y eso no se puede interpretar como un rechazo al inmigrante, sino como una fórmula para que se integre plenamente. Lo mismo pasa en Francia, Suecia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, las democracias más avanzadas. Porque los inmigrantes con conocimientos básicos de castellano y valenciano, que sepan que tenemos instituciones de autogobierno propias y unas tradiciones propias, van a tener más posibilidades de integrarse que aquellos que acaben en un gueto.

P. Lo que acaba de describir se parece bastante a muchas comunidades de ciudadanos de la UE que viven, sobre todo, en Alicante. Pero a ellos no se les pide que firmen un compromiso.

R. Yo creo que esa es una visión un poco frívola. No se puede comparar porque cuando hablamos de inmigración y de extranjeros estamos hablando de cosas muy distintas. E incluso dentro de la inmigración, no se puede hablar igual de una inmigración que viene de Iberoamérica o de los países de Europa, que de una inmigración que viene por ejemplo del África subsahariana. Los perfiles son completamente distintos. Y a cualquiera con un mínimo espíritu democrático le tendría que preocupar también que los colectivos de europeos se interesen en la realidad de la sociedad que les acoge.

P. Pero a ellos no se les pide firmar compromisos. Se les deja fuera.

R. No es que se les deje fuera. Pero ese no es el problema que tenemos aquí. Nuestro problema es que hay personas inmigrantes que vienen de culturas que no son muy respetuosas con los derechos humanos, y que vienen con un nivel de formación con carestías importantes. Nosotros, como colectivo vulnerable que son, tenemos la obligación de facilitarles la integración.

P. ¿Qué opina del rechazo a su plan expresado por Esperanza Aguirre?

R. Todo depende de cómo se le haya preguntado. Pero Esperanza está en un Gobierno que tendrá que defender sus opciones. Lo que está claro es que esto es un compromiso electoral del Partido Popular, y que nosotros no tomamos iniciativas pensando lo que hacen los gobiernos de otras comunidades.

P. La Conferencia Episcopal también marcó distancias.

R. La Conferencia Episcopal no se ha pronunciado. Se ha pronunciado un obispo de Sigüenza Guadalajara, que es responsable de migraciones pero que no habló como tal y que ha reconocido que no conocía ni el contenido ni el alcance de la iniciativa. Son opiniones respetables, pero insisto en que la Generalitat no toma decisiones en función de lo que piensan en otros sitios.