Un estudio pagado por Saura achaca al primer tripartito la creciente abstención

¿Por qué los catalanes se abstienen en las elecciones? ¿Y de qué manera? Para responder a estas preguntas y al fenómeno de la creciente desafección ciudadana hacia la clase política, el Departamento de Relaciones Institucionales y Participación encargó un informe a diversos expertos encabezados por el politólogo y ex consejero de Justicia Josep Maria Vallès. Tras 7.000 entrevistas y un largo proceso de debate, el informe concluye que Cataluña no es una excepción en el ámbito de las democracias consolidadas, donde el abstencionismo es una realidad persistente. Las causas, en su mayor parte, son comparables.

Cataluña, no obstante, presenta sus propias particularidades que, según el estudio, no obedecen a motivos "culturales o nacionales". El informe achaca gran parte de este comportamiento electoral a la convulsa experiencia del primer tripartito después de 23 años de gobiernos de Convergència i Unió. Así se aprecia la "dificultad" de la ciudadanía "para entender la lógica de los pactos poselectorales" entre las formaciones de izquierda y la sensación de inestabilidad originada por la experiencia del Gobierno catalán entre 2003 y 2006, comandado por Pasqual Maragall.

La culpabilidad se extiende también a los medios de comunicación que "establecieron una dinámica que privilegiaba una presentación permanentemente conflictiva y a menudo esteril de la dialéctica política, que reforzó su devaluación ante la opinión pública". Además, se responsabiliza a los mismos medios de presentar la política como un mero espectáculo.

Entre los factores de fondo para explicar esta actitud abstencionista se encuentran el cambio de valores dominantes en la sociedad, mucho más individualista, o el hecho de que los poderes políticos parezcan "capturados" por los económicos. El estudio también apunta a una tradicional actitud de desconfianza hacia los organismos públicos, así como la percepción de que los partidos políticos y sus dirigentes no se preocupan de "los problemas de la gente". Además, el informe sostiene que los ciudadanos se quejan de la falta de porosidad y de democracia interna de los partidos. En definitiva, la percepción que la ciudadanía tiene de los políticos no es muy positiva.

Para contrarrestar esta desafección, el estudio plantea un paquete de medidas. Se propone, sobre todo, fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones políticas, y la obligación de los poderes públicos de rendir cuentas de sus actuaciones.

Entre las iniciativas de participación, los expertos abogan por reconocer el derecho a voto de todos los inmigrantes a partir de un tiempo mínimo de residencia; la obligatoriedad de celebrar elecciones primarias en los partidos para confeccionar las listas electorales, rebajar la edad para acceder al derecho a sufragio y ampliar los días y horarios de votación.

Respecto al sistema político, el informe defiende la generalización de los referendos, la ampliación de las legislaturas más allá de cuatro años, el acceso de los ciudadanos a toda la documentación de las administraciones y el establecimiento de un régimen de incompatibilidades mucho más riguroso. En este sentido, se aboga por que los cargos electos acrediten una experiencia laboral previa.

El estudio, que ha costado 24.218 euros, ha sido elaborado por las cátedras de ciencia política de las universidades catalanas con el apoyo de la Fundación Jaume Bofill. El informe puede consultarse en www.gencat.net